03 de noviembre de 2025. Esta semana, los bloqueos en al menos 18 estados del país volvieron a poner al campo mexicano en el centro de la conversación nacional. Miles de productores de maíz, encabezados por organizaciones campesinas, tomaron carreteras, paralizaron ciudades y exigieron lo que consideran un derecho básico: un precio justo por su cosecha. El reclamo es claro: vender el maíz a menos de lo que cuesta producirlo es sinónimo de quiebra, y el abandono institucional los ha dejado sin alternativas.
El maíz símbolo cultural, alimento base y pilar económico vive hoy una crisis estructural. Los precios internacionales, determinados por la Bolsa de Chicago y vinculados al T-MEC, se desplomaron más de 50 por ciento desde 2022, pasando de más de siete mil pesos por tonelada a apenas cinco mil o menos. Mientras tanto, los costos de producción se dispararon: fertilizantes, semillas, diésel y agua subieron cerca de 50 por ciento en cinco años. El resultado es una ecuación imposible para miles de pequeños productores que ven cómo su trabajo deja de ser rentable, mientras las importaciones baratas de maíz estadounidense inundan el mercado.
El Gobierno Federal, encabezado ahora por Claudia Sheinbaum, respondió con una propuesta de apoyo de 6 mil 50 pesos por tonelada en algunos estados del Bajío y un complemento de 950 pesos financiado entre federación y estados. Sin embargo, los agricultores consideran insuficiente esta cifra: su exigencia de 7,200 pesos por tonelada busca apenas cubrir costos y asegurar la sobrevivencia de sus parcelas. La postura oficial ha sido pragmática, pero limitada por un presupuesto ajustado y un modelo económico que somete al campo a las reglas del libre mercado. La Secretaría de Agricultura reconoce el problema, pero apuesta a paliativos: créditos con tasas moderadas, seguros agropecuarios y mesas de diálogo que no atacan el origen de la crisis.
El fondo del conflicto es más profundo que una cifra por tonelada. El campo mexicano enfrenta inseguridad, falta de acceso al agua, endeudamiento, envejecimiento de sus productores y una competencia desleal frente a la agricultura industrial y subsidiada de Estados Unidos. La política agropecuaria nacional ha quedado reducida a programas dispersos, sin una estrategia integral de soberanía alimentaria ni una banca de desarrollo rural robusta. Mientras tanto, México se convierte en el mayor importador mundial de maíz, perdiendo autosuficiencia en el cultivo que dio identidad a su civilización.
Las carreteras bloqueadas son una metáfora dolorosa: el país se detiene para que se le escuche. No se trata solo de precios, sino de dignidad y supervivencia. El Gobierno no puede seguir administrando el conflicto con parches coyunturales; se requiere una política de Estado que reconozca el valor estratégico del maíz y de quienes lo siembran.
Cabe mencionar que una de las principales promesas de campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue fortalecer y apoyar al campo mexicano; no obstante, en la práctica sucedió lo contrario. Durante su administración se eliminaron programas esenciales como la agricultura por contrato y la cobertura de productos agrícolas, los cuales brindaban certidumbre a los productores, aseguraban precios mínimos y protegían sus ingresos frente a la volatilidad del mercado. Esta decisión provocó una disminución significativa en la rentabilidad de las cosechas y un aumento en la vulnerabilidad económica de los campesinos, particularmente en regiones agrícolas clave como Sinaloa.
Ante este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el reto y la oportunidad de revertir los efectos negativos derivados de una política de austeridad que debilitó el sistema de apoyo al sector rural mexicano y apoyar verdaderamente al campo.
Los campesinos no piden caridad, piden justicia. Piden que el país que presume ser “hijo del maíz” no los condene a desaparecer bajo el peso de los mercados internacionales y la indiferencia institucional. Si el maíz muere en el campo, muere una parte del alma de México. El reto no es solo pagar mejor la tonelada, sino reconstruir la relación entre el Estado y su tierra. Porque sin campo, no hay nación.
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