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Editorial: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”

13 de mayo. El asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, no solo enluta a una comunidad, sino que desnuda con brutalidad una de las principales amenazas al proceso democrático mexicano: la violencia política. El ataque armado que acabó con la vida de Lara y de otras cuatro personas, incluyendo a una niña y a un policía municipal, ocurrió tras un mitin público, en pleno ejercicio del derecho a la participación política. No es un hecho aislado, sino parte de un patrón que, en pleno año electoral, cobra tintes de tragedia nacional.

Las imágenes captadas en video —la candidata saludando a ciudadanos, la súbita irrupción de disparos, los gritos de pánico— son testimonio del terror que se cierne sobre las campañas en regiones donde el poder se disputa no solo en las urnas, sino también con armas. Las reacciones oficiales no se hicieron esperar: tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la gobernadora Rocío Nahle condenaron el crimen y prometieron justicia. Pero el mensaje que permea en la ciudadanía es otro: el miedo.

En un estado como Veracruz, con antecedentes recientes de violencia política, las palabras deben traducirse en hechos. El asesinato del esposo de Lara en 2022 y el reciente homicidio del también aspirante morenista Germán Anuar, en abril, evidencian un entorno donde ejercer un cargo público —o incluso aspirar a uno— se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Los datos son contundentes: organizaciones como Data Cívica han registrado 130 ataques contra aspirantes en este ciclo electoral, con 34 asesinatos. Integralia, por su parte, reporta 50 asesinatos políticos solo en el primer trimestre del año. Estamos frente al proceso electoral más violento en la historia contemporánea del país.

El crimen organizado, la impunidad y la debilidad institucional se entrelazan para conformar un escenario sombrío. En zonas rurales y municipios en disputa, los candidatos no solo deben convencer a los votantes, sino sobrevivir al acecho de grupos armados que buscan controlar territorios, economías y estructuras de gobierno. Las elecciones del próximo 1 de junio en Veracruz, donde se renovarán 212 alcaldías, se dan en un clima de temor palpable. Más de 12,000 aspirantes participan en estas contiendas, muchos de ellos sin garantías mínimas de seguridad.

La afirmación de la gobernadora Nahle “va a haber elección, hay todas las condiciones”, parece más una declaración de voluntad que una descripción objetiva. La realidad apunta a lo contrario: cuando candidatos son asesinados en actos públicos y los perpetradores escapan sin ser detenidos, las condiciones para una elección libre, informada y pacífica están lejos de estar garantizadas.

Más allá del duelo inmediato, la muerte de Yesenia Lara debería ser un punto de inflexión. No podemos seguir normalizando la violencia política como un “daño colateral” del proceso electoral. Las autoridades, tanto federales como estatales, deben asumir con seriedad la tarea de proteger la vida y los derechos de quienes participan en la democracia. No hacerlo es abrir la puerta al silenciamiento por la fuerza y a la deslegitimación de los resultados.

Si la democracia ha de tener sentido en México, debe garantizarse no solo en el conteo de votos, sino en la seguridad de quienes aspiran a representarnos. La exigencia es clara: justicia, protección y elecciones verdaderamente libres.

La preocupación no se limita a Veracruz. En Huajuapan y el resto del estado, los recientes hechos violentos —incluyendo asesinatos que han conmocionado a la población— han encendido las alarmas, marcada por el abandono institucional. La ciudadanía ha alzado la voz, exigiendo de manera urgente la intervención coordinada de los tres órdenes de gobierno para frenar esta creciente ola de violencia e inseguridad que amenaza la paz social y la participación ciudadana. Cada crimen impune alimenta el miedo y socava el tejido democrático.

Este es un llamado de atención y lamentablemente será crítico que las autoridades nieguen la gravedad de la situación, porque “No hay peor ciego que el que no quiere ver”.

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