22 de noviembre de 2025. El caso de Edson Andrade dejó claro algo que debería preocuparnos a todos: en México, la línea entre el debate político y la intimidación desde el poder se está haciendo peligrosamente delgada.
Lo que empezó como una discusión sobre un contrato terminó convertido en la exposición pública de un joven… y en un recordatorio de lo vulnerables que somos cuando el Estado decide encender los reflectores sobre un ciudadano.
La publicación del contrato —con datos personales completos, montos, claves oficiales y hasta domicilio— no solo desató polémica: abrió un riesgo real.
Porque todos lo sabemos: en un país donde el crimen organizado actúa con libertad en muchas regiones, mostrar que alguien tiene ingresos altos, o aparentes ingresos altos, puede convertirlo en blanco inmediato.
Y eso vale para cualquiera: simpatizante de Morena, del PAN, de MC, apartidista o simple observador.
Aquí es donde se entiende la importancia de organismos como el INAI, ese instituto que desaparecieron diciendo que “no servía”.
Justo una institución así, fortalecida y con recursos suficientes, habría marcado límites: pudo haber hecho público el contrato —si era legal hacerlo—, pero sin datos personales, sin poner en riesgo a nadie, sin convertir a un ciudadano en trofeo político.
Incluso, el INAI pudo financiarse con recursos de las prerrogativas de los partidos —algo perfectamente legal— y así tener más dientes para vigilar y sancionar abusos.
Un organismo autónomo y bien financiado habría recordado que la privacidad no es un favor del gobierno: es un derecho.
Pero en vez de eso, y por falta de un buen asesoramiento, la propia presidenta —quien ha defendido muchas veces la libertad de expresión— permitió que desde plataformas oficiales se expusiera a un joven que, más allá de si tiene o no un contrato de producción audiovisual, tiene derecho a manifestarse.
Como cualquier persona en este país.
Y hay que decirlo claro:
La marcha de la Generación Z —a la que se sumaron miles de ciudadanos— no nació contra la presidenta. Nació por seguridad, por medicinas, por oportunidades, por sueldos dignos, por un sistema que no deje a los jóvenes sintiéndose solos.
Era una protesta legítima que se redujo a sospechas, a teorías, al “quién está detrás”, cuando lo que había eran ciudadanos exigiendo respuestas.
El problema no es solo que se difundiera un contrato.
El problema es el mensaje:
si opinas, si te organizas, si criticas… te pueden exhibir.
Y eso, se diga como se diga, es una forma de presión política que limita la libertad de expresión.
Hoy fue Edson.
Mañana puede ser cualquiera: un periodista, una activista feminista, un productor del campo, un simpatizante de Morena que cuestiona a su propio partido, o un joven que apenas está encontrando su voz.
La libertad de expresión no se mata solamente censurando: también se mata sembrando miedo.
La democracia se sostiene cuando el ciudadano puede hablar sin miedo a ser exhibido;
cuando puede marchar sin que lo persigan;
cuando puede trabajar sin que su información sea usada para deslegitimarlo.
Hoy, cuando la gente está pidiendo seguridad, el Estado debería estar protegiéndolos, no exhibiéndolos.
Y aquí está la pregunta que nos toca hacer como país:
¿Queremos una democracia donde opinar sea un riesgo?
Porque algo quedó claro: al Estado no le preocupó exponer a un joven y poner en riesgo su seguridad… le preocupó mandar un mensaje.
Y ese mensaje es poderoso, pero profundamente equivocado.
Porque exhibir no es gobernar.
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