Rafael Ramírez
16 de abril. Tras la desaparición del Programa de Certificación de Derechos Ejidales, contar con un documento oficial que ampare legalidad de las tierras, podría tener un costo económico para los propios comuneros y ejidatarios. Así lo dio a conocer el titular de la Procuraduría Agraria en esta ciudad, Rufino González Tomas.
Y es que los servicios gratuitos de la certificación de la tierra mediante el PROCEDE, concluyeron con la administración federal de Vicente Fox quezada, por lo que ahora se proyecta que sean los campesinos interesados quienes paguen los servicios de regularización.
“Como se veía desde el año pasado, que una vez concluido el PROCEDE, los núcleos quienes se interesaran en regularizar sus terrenos, tendrían que correr con gastos de los trabajos técnicos, la expedición de los certificados y el pago del notario publico”, explicó.
Gonzáles Tomás, señaló que la situación económica del sector rural podría ser un obstáculo para quienes pretendan regularizar sus tierras, por lo que recalcó que esta situación es hasta ahora sólo un proyecto, ya que las dependencias del sector agrario a nivel central, no han definido el procedimiento operativo, ni el presupuesto para su operación.
Mientras eso sucede, la Procuraduría Agraria continuará promoviendo la conciliación para la solución de las controversias, la representación legal ante los tribunales agrarios, así como la organización al interior de los núcleos agrarios y capacitación a los campesinos, puntualizó el funcionario.
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