05 de julio. Este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, reconoció que esa dependencia sí investiga a “Latinus” por presunto lavado de dinero y actos de corrupción, pero negó que la investigación incluya a Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo “Brozo” o algún otro periodista que colabore con ese medio.
Sin embargo, en el mismo acto –la conferencia mañanera– exhibió una tabla con los supuestos sueldos de Loret de Mola, “Brozo”, Lorenzo Córdova, Denisse Dresser, Jesús Silva Herzog y María Scherer, entre otros periodistas.
Pablo Gómez señaló que “Latinus” tiene su base en Delaware, Estados Unidos, a la que llamó un “paraíso fiscal”, acusó a ese medio de financiar sus actividades con recursos públicos y aprovechó para calificar a Loret de dedicarse a la calumnia y hacer de ella un negocio.
Al respecto, “Latinus” respondió que esa empresa tiene un carácter binacional, e invitó al gobierno mexicano a solicitar a su homólogo de Estados Unidos la información financiera que necesite porque no tiene nada que esconder. Asimismo, acusó que desde su nacimiento, “Latinus” ha enfrentado “años de investigación y persecución” por evidenciar actos de corrupción gubernamental y de la familia presidencial.
Resulta paradójico que sea Pablo Gómez, un líder histórico del movimiento estudiantil de 1968 y de la izquierda mexicana que padeció en carne propia la persecución y el acoso gubernamental, quien ahora encabece una nueva embestida contra un medio de comunicación que se ha caracterizado por una postura crítica.
El hoy titular de la UIF ha violado las leyes de nuestro país, al revelar información que forma parte de una investigación en proceso, lo que está prohibido expresamente en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como la protección de datos personales, garantizada en el artículo 16 de la Constitución.
La información difundida por el titular de la UIF parece buscar solo un efecto mediático, pues al dar a conocer detalles de una investigación en curso muy probablemente tendrá como consecuencia que esta se caiga por la violación al debido proceso.
La revelación de los sueldos –reales o supuestos– de Loret de Mola, Brozo y el resto de los colaboradores de “Latinus” no se justifica desde ningún punto de vista porque no son socios de la empresa, como la propia UIF lo aclaró. Si sus sueldos son altos o no, es irrelevante y no constituye irregularidad alguna, pues una empresa privada como lo es la que nos ocupa es libre de fijar a sus trabajadores y colaboradores los salarios que considere justos. Con respecto de la afirmación de que se trata de recursos públicos, es importante considerar que actualmente los recursos públicos son manejados por este gobierno, además de que las utilidades que una empresa o corporativo obtiene por sus ventas o por la prestación de servicios a particulares o entidades públicas son privados y puede invertirlos como lo estime conveniente.
No se trata de defender a Loret de Mola, a Brozo o a cualquiera de los periodistas y colaboradores cuyos datos personales fueron exhibidos en abierta violación de la ley, sino de levantar una vez más la voz en defensa del libre ejercicio de la actividad periodística y en contra de cualquier acoso, persecución o intimidación contra los medios y los comunicadores, sean estos quienes fueren y provengan de donde provinieren los abusos de poder.
Facebook: Sistema Radiofónico Informativo
Leave feedback about this