21 de julio. Nos invade el gozo institucional: hace unos días, el Gobierno de México —a través de su intrépido Gabinete de Seguridad— presumió con bombos y platillos una reducción en los homicidios dolosos.
Hagamos memoria estadística: el conteo oficial comenzó en la época del cambio con Vicente Fox; continuó con el estallido bélico de Felipe Calderón; se multiplicó alegremente al doble durante la administración de Enrique Peña Nieto; tuvo un tímido e imperceptible suspiro de alivio con Andrés Manuel López Obrador; y ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ostenta una aparente victoria técnica con una disminución superior al 50 %.
¡Aplauda el respetable público! Lástima que, mientras los funcionarios celebran en sus hojas de Excel, en la vida real las balas siguen enlutando a miles de familias mexicanas. Para esos ciudadanos, el reclamo de justicia se pulveriza sistemáticamente frente al desdén de las autoridades, el abandono de las carpetas de investigación o las sutiles amenazas de las fiscalías. O peor aún: desde la tribuna mañanera de Palacio Nacional, las víctimas terminan reducidas a un simple porcentaje útil para descalificar la voz de las madres y colectivos que exigen encontrar a sus desaparecidos.
Y es que ese es el gran truco de magia oficial: presumen la caída de homicidios, pero ocultan bajo la alfombra el disparo abrupto en las desapariciones. Ante el amnésico e inoperante olvido gubernamental, han tenido que ser los colectivos de madres buscadoras quienes metan la pala en la tierra para hacer el trabajo que el Estado evita.
La desaparición forzada es la asignatura pendiente de todos los colores del espectro político. PAN, PRI y Morena —cada uno según la agenda que le convenga— se señalan mutuamente con el dedo: unos por sacarle las castañas del fuego al país sacando al Ejército a las calles; otros por disimular y simular que combatían al crimen; y otros más por repartir abrazos donde hacían falta esposas.
En mayor o menor medida, todos son culpables de esta debacle en seguridad. Y en lugar de cobijarse con el manto protector de las estadísticas maquilladas o el discurso triunfalista, deberían empezar por asumir la cruda realidad nacional.
Los números fríos no mienten, por más que intenten matizarlos. Solo en los últimos días presenciamos otro par de tragedias para la lista diaria de la Mesa de Seguridad: 10 ejecutados en Zacatecas y cinco más en Veracruz. A eso hay que sumarle la famosa y abultada cifra negra: los miles de desaparecidos que crecen día a día y que, a ojos de la burocracia, no tienen rostro ni familia.
Si bien la retórica oficial promete “atacar las causas originarias”, de nada sirve si no hay una presencia real en el territorio ni un marco legal que funcione. Poco importa reformar leyes para amenazar con décadas de cárcel a feminicidas y homicidas si las instituciones encargadas de aplicarlas están podridas por la corrupción.
Paradójicamente, ya quedó demostrado que cuando la Fiscalía General de la República (FGR) quiere, sí sabe investigar. Nos lo enseñaron con el caso emblemático del exgobernador panista Ernesto Ruffo, acusado de huachicol fiscal, exhibido como prueba irrefutable del imperio de la ley.
De ese exacto tamaño debería ser la efectividad de la FGR y de las fiscalías locales para encarar al crimen organizado, romper pactos de impunidad y dar con los responsables de la violencia cotidiana.
Se requiere transparencia real para que las cifras no sean fantasmas. Pero, sobre todo, se requiere algo de empatía básica desde la cúpula del poder: entender que detrás de cada punto porcentual hay vidas arrebatadas y familias rotas que se niegan a que sus seres queridos queden enterrados en el olvido… o en la frialdad de una gráfica.
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