10 de abril 2026. La crisis de desapariciones en México ha vuelto al centro del debate público tras el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la respuesta del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Más allá del intercambio de posturas, el fondo del problema revela una tensión persistente entre soberanía, reconocimiento de responsabilidades y apertura a la cooperación internacional.
El gobierno mexicano ha cuestionado el informe por supuestas debilidades metodológicas, señalando que se basa en datos parciales y no reconoce los avances institucionales recientes. La presidenta ha sido enfática en marcar una distinción: hoy afirma no existe una política de Estado orientada a desaparecer personas, como sí ocurrió durante episodios históricos como la “guerra sucia”. Bajo esta lógica, rechaza también que la situación actual pueda catalogarse como crimen de lesa humanidad.
Sin embargo, esta postura, aunque jurídicamente defendible en ciertos aspectos, corre el riesgo de minimizar la dimensión real de la crisis. Como advierte el columnista Alfonso Zárate, el problema no radica únicamente en la existencia de una política sistemática desde el Estado, sino en algo igualmente grave: la combinación de violencia criminal, impunidad estructural y posibles niveles de complicidad o tolerancia de autoridades. En ese contexto, la línea entre desaparición cometida por particulares y desaparición forzada según estándares internacionales puede volverse difusa.
Los datos son contundentes. Decenas de miles de personas desaparecidas en años recientes, miles de fosas clandestinas y un enorme rezago en la identificación de restos humanos configuran un escenario que rebasa las capacidades institucionales. La propia ONU ha señalado una “impunidad casi absoluta”, lo que pone en entredicho la eficacia de las políticas públicas implementadas hasta ahora.
Frente a este panorama, la reacción del gobierno mexicano de rechazar el informe y cuestionar su orientación resulta preocupante. No porque la crítica sea ilegítima todo informe internacional puede y debe ser debatido, sino porque parece privilegiar una defensa política antes que una oportunidad de fortalecimiento institucional. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por decenas de colectivos de familiares, ha interpretado el pronunciamiento de la ONU como una oportunidad histórica para visibilizar la crisis y reforzar la cooperación internacional.
Este rechazo no es un hecho aislado. Se inscribe en una lógica más amplia de cautela o incluso resistencia frente a la intervención externa en temas de seguridad. Algo similar ocurrió con las propuestas de Estados Unidos, particularmente durante la administración de Donald Trump, para intensificar su participación en el combate al narcotráfico en territorio mexicano. Aunque existe cooperación bilateral, esta ha sido cuidadosamente limitada argumentando razones de soberanía nacional.
El dilema es complejo. México tiene razones históricas para desconfiar de injerencias externas; sin embargo, la magnitud de la crisis actual exige repensar los límites de esa postura. Aceptar apoyo internacional no implica ceder soberanía, sino fortalecer capacidades en áreas donde el Estado ha sido rebasado. La clave está en establecer mecanismos de colaboración que respeten la autonomía nacional, pero que también respondan a la urgencia humanitaria.
Negar o minimizar el problema no lo hará desaparecer. Por el contrario, puede profundizar la desconfianza de las víctimas y aislar al país en un momento en que la cooperación internacional podría ser un aliado estratégico. La prioridad, como han insistido las familias buscadoras, no debería ser ganar un debate político, sino encontrar a los desaparecidos y garantizar justicia.
En última instancia, el reto para el Estado mexicano no es solo defender su actuación, sino demostrar con resultados tangibles que tiene la capacidad y la voluntad de enfrentar una de las crisis más dolorosas y persistentes de su historia reciente.
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