22 de agosto. La reciente decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cerrar la investigación sobre los videos en los que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, ha dejado más preguntas que respuestas. Después de cinco años de indagatorias, solicitudes a múltiples instancias financieras y judiciales, análisis técnicos y peritajes, la autoridad electoral concluyó que no se pudo acreditar ninguna irregularidad. Sin rastro bancario, sin registros contables ni evidencia fiscal, el caso se cierra sin consecuencias legales, a pesar de la contundencia visual de los videos.
Este desenlace confirma una amarga realidad que se repite una y otra vez en la historia política de México: quienes detentan el poder, frecuentemente, no son tocados ni siquiera con el pétalo de una rosa. La ley parece tener un peso distinto dependiendo del apellido, el cargo o la cercanía al poder. Mientras miles de ciudadanos enfrentan la maquinaria del sistema por errores menores, otros, con conexiones e influencia, pueden navegar los mares de la legalidad con total impunidad.
Los videos eran claros. La pregunta no era si había dinero, sino para qué era y de dónde provenía. Sin embargo, lo que para millones de ciudadanos parecía una muestra flagrante de financiamiento ilícito, terminó desmoronándose bajo la narrativa institucional de la falta de pruebas concluyentes. Es decir, no se pudo comprobar nada, pero tampoco se desmintió lo que a simple vista se mostraba.
En un país donde la justicia suele llegar tarde —o simplemente no llega—, los casos que involucran a figuras cercanas al poder muchas veces terminan en el olvido, en la opacidad o en el escudo de tecnicismos legales. Queda la sensación de que siempre hay una puerta de salida para los poderosos, una ruta de escape, una protección invisible que impide que se les aplique la misma vara que a los demás.
Este caso no se trata solo de un hermano del expresidente, se trata de lo que simboliza: la impunidad estructural. Se trata de la desconfianza ciudadana que crece cada vez que un caso evidente no tiene consecuencias. Se trata del mensaje que se manda: si tienes poder, puedes hacer y deshacer, y no pasa nada.
Como sociedad, no podemos acostumbrarnos a esta normalización de la impunidad. No basta con cerrar expedientes por falta de pruebas, hace falta voluntad política, acceso real a la información y una fiscalización verdaderamente autónoma. Si no exigimos eso, entonces lo que estamos aceptando es vivir en un país donde la ley es para unos cuantos, y la impunidad, para los de siempre. Tal vez para los “Intocables con poder”.
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