08 de agosto. Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso, el senador Adán Augusto López Hernández ha salido a defenderse con un cinismo que ya no sorprende, pero sí indigna. Acusado por la oposición de haber protegido a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco presuntamente vinculado con el crimen organizado, el exgobernador se lava las manos con una frase que retrata a la perfección el espíritu del régimen: “Toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”. Una declaración que no solo minimiza las graves acusaciones, sino que muestra el nivel de impunidad del que gozan ciertos personajes públicos.
Y es que en México, como bien lo sabe cualquier ciudadano de a pie, los funcionarios pueden hacer y deshacer sin consecuencias. Pueden nombrar a presuntos criminales, desviar recursos, violar la ley y aún así mantenerse inmaculados, protegidos por una estructura de poder que los blinda. “Yo no me escudo en el fuero”, dice Adán Augusto, como si realmente existiera la posibilidad de que un alto funcionario, respaldado por la mayoría legislativa de su partido, pudiera ser llevado a juicio. La realidad es otra: la justicia sigue siendo un privilegio de clase y de conexión política. Si no tienes dinero o relaciones, la ley no te protege; te aplasta.
Recordemos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador prometía acabar con los privilegios del poder y eliminar el fuero presidencial. Decía que cualquier ciudadano podría denunciar al presidente, que se acabaría el manto de impunidad. Pero lo que terminó ocurriendo fue otra cosa: una reforma constitucional que, aunque en el papel dice eliminar el fuero, en la práctica lo mantiene gracias a una trampa legal. Para juzgar al presidente se requiere que el Congreso lo apruebe, un Congreso donde Morena y sus aliados tienen mayoría. ¿Cómo se podría llevar a juicio a un presidente o a sus cercanos cuando el mismo partido que gobierna controla la mayoría legislativa? Es atole con el dedo.
La narrativa del gobierno de la 4T —de justicia para los pobres, de transparencia, de rendición de cuentas— se desmorona cada vez que un funcionario como Cuauhtémoc Blanco, con múltiples señalamientos, sigue intocable; o cuando senadores como Adán Augusto se ofenden por ser señalados, pero no enfrentan consecuencias reales. Todo es discurso, propaganda que alimenta la ilusión de un gobierno distinto, cuando en el fondo las prácticas del viejo régimen siguen vigentes.
La justicia en México no solo sigue siendo selectiva, sino profundamente elitista. El verdadero combate a la corrupción no se mide por lo que se dice en la tribuna, sino por las acciones y resultados. Y en ese terreno, este gobierno ha fallado. Porque mientras algunos ciudadanos enfrentan cárcel por robar comida, los que ostentan el poder se pasean por el Senado, blindados, arrogantes y, sobre todo, impunes.
Hoy en México pareciera que existe una enorme impunidad y cinismo disfrazados de transparencia. El discurso oficial insiste en que vivimos en una era de rendición de cuentas y justicia para todos, pero la realidad muestra todo lo contrario: los poderosos siguen siendo intocables, mientras la ley se aplica con dureza solo a quienes no tienen influencia ni recursos. Lo más preocupante no es solo la falta de consecuencias para funcionarios señalados por corrupción o vínculos con el crimen, sino la manera en que se escudan en la narrativa de un gobierno “del pueblo” para justificar sus actos. La transparencia se ha convertido en una fachada, una herramienta política para simular apertura mientras se perpetúan las mismas estructuras de protección y privilegio que supuestamente venían a derribar.
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