04 de febrero. El 28 de enero de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no daría la orden de desalojar a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes desde dos semanas antes mantenían bloqueadas las vías del tren que conducen al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
En esa ocasión los bloqueos continuaron durante dos meses; se repitieron en 2020 durante el mismo lapso, y el año pasado se prolongaron a tres meses. En total, las vías del ferrocarril han sido bloqueadas durante siete meses desde el inicio de la actual administración federal.
La toma de las casetas de autopistas y carreteras de pago en diversas entidades se convirtió en el pan nuestro de cada día. En Oaxaca, la de las casetas ubicadas en Huitzo y San Cristóbal Suchixtlahuaca ha sido una escena cotidiana y un jugoso negocio disfrazado de “protesta social”.
Pero las cosas parecen haber cambiado al inicio de este año, porque hace dos semanas elementos de la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, acompañados de personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) impidieron que habitantes del municipio de Chalcatongo de Hidalgo tomaran la caseta de Huitzo. Este lunes la escena se repitió, ahora con integrantes de la Coordinadora de Comunidades Indígenas y Sociedad Cooperativa de Productores Rurales “Yodomitsa”, de la zona de Nochixtlán.
Es cierto que en años anteriores se han efectuado operativos similares, pero no como parte de una estrategia o un plan de acción, sino como actos esporádicos y aislados.
Hoy parece que la cosa va en serio porque el viernes de la semana pasada la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero impidieron que estudiantes y padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa tomaran las casetas de La Ventosa, Paso Morelos y Palo Blanco, en la Autopista del Sol.
Esta semana, las fuerzas de seguridad federales y estatales evitaron durante tres días consecutivos que integrantes de la CNTE bloquearan nuevamente las vías del ferrocarril en Michoacán.
Las pérdidas multimillonarias que los bloqueos de las vías del ferrocarril y la toma de las casetas de peaje, así como los abiertos desafíos a su gobierno parecen haber hecho al presidente cambiar de opinión. Hoy parece que al fin ha hecho caso a los reiterados reclamos de un amplio sector de la sociedad que está cansada de ser rehén de líderes de grupos y organizaciones que, escudados en supuestas demandas sociales, han encontrado en este tipo de acciones su modus vivendi.
Además de los trastornos, molestias y violaciones a los derechos de los ciudadanos, los bloqueos de carreteras y vías férreas, así como las tomas de casetas de peaje cuestan miles e incluso millones de pesos a los ciudadanos, a las empresas y al país. Le cuestan al ciudadano que pierde una cita médica, un día de trabajo, o la venta de sus mercancías; a las empresas, que sufren cuantiosas pérdidas por el retraso en la entrega de sus mercancías o por el robo de las mismas; al país, que deja de percibir miles y hasta millones de pesos diarios, al no poder realizar el cobro del peaje.
Por ello es importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya cambiado de opinión y permita que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo y cumplan con su obligación de garantizar el orden y la tranquilidad de los ciudadanos. No se trata de reprimir a los grupos y organizaciones que durante muchos años han encontrado en este tipo de acciones un negocio y un elemento de chantaje, pero sí de que las autoridades garanticen el imperio de la ley y el derecho.
Ojalá en verdad el presidente esté dispuesto ante los líderes que han hecho del chantaje una industria muy redituable; ojalá el proceso electoral que se vive en seis entidades del país, entre ellas Oaxaca, no dé pie a volver a la actitud complaciente y permisiva de los gobiernos federal y estatales, a cambio del apoyo de las organizaciones a sus respectivos proyectos políticos.
Si en diversas ocasiones se ha cuestionado la actitud tibia e indolente del gobierno federal ante estos actos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, justo es también reconocer al presidente de la República su cambio de opinión y de actitud en este tema, porque “es de sabios cambiar de opinión”.
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