24 de marzo 2026. El debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil en México no puede entenderse como un hecho aislado ni meramente administrativo. La denuncia realizada por la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar, sobre la cancelación del estatus de donatarias autorizadas a decenas e incluso cientos de organizaciones revela un problema mucho más profundo: un entorno cada vez más adverso para la participación ciudadana, la transparencia y la libertad de expresión.
La posibilidad de recibir donativos deducibles de impuestos no es un privilegio menor; es, en muchos casos, la columna vertebral financiera de organizaciones que trabajan en temas sensibles como la rendición de cuentas, la seguridad, la justicia o el combate a la corrupción. Quitar este mecanismo implica, en los hechos, limitar su capacidad operativa y, en el peor de los escenarios, condenarlas a desaparecer. Por ello, no resulta exagerado calificar estas acciones como un “estrangulamiento financiero”.
Más preocupante aún es la forma en que estas medidas han sido implementadas. No se trata de una reforma abierta, discutida públicamente, sino de un proceso gradual, silencioso, casi quirúrgico. Una estrategia “hormiga” que evita el costo político de un cambio frontal, pero que en la práctica logra el mismo efecto: debilitar a quienes incomodan al poder. Esta gradualidad no solo dificulta la defensa colectiva de las organizaciones afectadas, sino que también diluye la atención pública sobre el problema.
Desde una perspectiva más amplia, lo que está en juego es la libertad de expresión entendida no solo como el derecho a hablar, sino como la posibilidad real de investigar, documentar y denunciar. Muchas de las organizaciones afectadas han sido clave para transparentar situaciones anómalas dentro del gobierno; han exhibido irregularidades, han “balconeado” abusos y han contribuido a que la ciudadanía tenga acceso a información que de otro modo permanecería oculta. Limitar sus recursos es, en consecuencia, limitar su voz.
Las implicaciones son claras. Primero, se genera un incentivo para evitar la transparencia: al debilitar a quienes fiscalizan, se reduce la presión sobre las autoridades. Segundo, se reprime indirectamente la denuncia pública, no mediante censura explícita, sino a través de la asfixia financiera. Y tercero, se desatienden causas sociales fundamentales, muchas de las cuales dependen de estas organizaciones para subsistir y visibilizarse.
Resulta paradójico y preocupante que estas medidas provengan de un aparato gubernamental que debería ser el primero en rendir cuentas claras sobre el uso de los recursos públicos. La exigencia de transparencia parece aplicarse de manera selectiva: rigurosa para la sociedad civil, pero laxa cuando se trata del propio gobierno. Esta inconsistencia erosiona la confianza institucional y debilita los principios democráticos.
En suma, lo que se observa no es únicamente un conflicto fiscal o administrativo, sino una reconfiguración del espacio cívico en México. La sociedad civil organizada ha sido históricamente un contrapeso indispensable frente al poder. Debilitarla no solo afecta a las organizaciones en sí mismas, sino a toda la ciudadanía que depende de su labor para informarse, participar y exigir cuentas. Si la transparencia y la denuncia pública se ven acotadas, lo que está en riesgo no es solo la operación de estas asociaciones, sino la salud misma de la democracia. Hoy pareciera que nos enfrentamos a un panorama que para nada es favorecedor ya que la “Democracia está en riesgo”.
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