25 de octubre 2025. El reciente pronunciamiento de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidiendo investigar las presuntas incongruencias patrimoniales y fiscales del senador Adán Augusto López Hernández, vuelve a poner sobre la mesa un tema que parece no tener fin en México: la lucha contra la corrupción y la impunidad. No se trata solo de un caso aislado o de un personaje político en particular, sino del reflejo de un sistema institucional que, pese a los esfuerzos, sigue carente para garantizar transparencia, rendición de cuentas y justicia efectiva.
La petición de los comités anticorrupción no prejuzga, pero sí exige algo elemental: que las instituciones actúen. El llamado a la Mesa Directiva del Senado, al SAT, a la UIF, a la ASF y a la FGR no debería ser motivo de polémica, sino una muestra de que los órganos ciudadanos están haciendo su parte. Sin embargo, el problema radica en que muchas veces estas solicitudes quedan en el aire, atrapadas en la maraña burocrática o en el cálculo político de quienes deben decidir si se investiga o no a uno de los suyos.
Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, lo resumió con claridad: “no debería ser un hecho excepcional investigar a un funcionario; debería ser lo normal”. Y tiene razón. La rendición de cuentas no debería depender de coyunturas mediáticas ni de luchas internas entre los propios organismos que, en teoría, deberían estar alineados en el mismo objetivo. Por desgracia, como señaló el especialista Salvador Mejía, las divisiones internas y los conflictos personales dentro del propio sistema anticorrupción también han minado su credibilidad ante la ciudadanía.
Cuando los organismos encargados de vigilar la integridad pública se ven envueltos en disputas, el mensaje que llega a la población es devastador: si los guardianes se pelean entre sí, ¿quién vigila al poder? La corrupción, como señaló Mejía, termina convirtiéndose en una simulación, una coreografía institucional donde se repiten discursos de transparencia mientras los hechos siguen mostrando lo contrario.
Esta crisis de confianza no solo erosiona la legitimidad del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que fortalece la percepción de impunidad que tantos años ha carcomido al país. La ciudadanía observa cómo los casos se anuncian, los señalamientos se multiplican, pero las sanciones nunca llegan. Y mientras tanto, los políticos sospechosos de irregularidades siguen ocupando cargos de poder, legislando o aspirando a nuevos puestos públicos.
El reto que enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción no es menor: debe reconstruir su credibilidad desde adentro, sanear sus propias tensiones y actuar con independencia real frente al poder político. Las investigaciones no deben ser vistas como ataques partidistas, sino como actos de responsabilidad institucional. De lo contrario, la impunidad seguirá siendo el refugio perfecto de la corrupción.
México necesita que sus instituciones funcionen, no que simulen. Necesita que la ley se aplique a todos por igual, sin importar el cargo o el color del partido. Porque mientras los actos de corrupción sigan quedando impunes, la confianza ciudadana continuará desmoronándose, y con ella, la posibilidad de construir un Estado verdaderamente democrático. La transparencia no puede ser una promesa; debe ser una práctica cotidiana. Y la impunidad, esa vieja sombra que se cierne sobre la vida pública mexicana, solo desaparecerá cuando la justicia deje de mirar a quién investiga y empiece, de una vez por todas, a actuar
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