20 de mayo. Pobladores de tres agencias, quienes realizaban un bloqueo para exigir al presidente municipal de San Juan Mazatlán Mixe la entrega de recursos, retuvieron este sábado en La Mixtequita a 37 profesores del Conalep.
Al día siguiente liberaron a 18, pero los 19 restantes y otro medio centenar de personas, entre ellas varios trabajadores del sector salud, estuvieron cautivos durante cinco días. Los manifestantes también vandalizaron y quemaron una camioneta propiedad de una tienda departamental.
No es la primera vez que los habitantes de La Mixtequita incurren en este tipo de acciones, pues en noviembre del año pasado retuvieron e intentaron quemar vivo al tesorero municipal de San Juan Mazatlán.
A pesar de que en esa ocasión, en un escrito enviado al subsecretario de Gobierno Carlos Alberto Ramos Aragón, los agentes municipales de La Mixtequita y de Constitución Villa Nueva II amenazaron con quemar los camiones de carga que tenían retenidos y con linchar al tesorero municipal, no hubo ninguna consecuencia legal.
En la región Mixteca desde el 7 de abril pasado habitantes de la agencia Cerro Hidalgo, del municipio de San Martín Peras, mantienen retenidos a cuatro ciudadanos de la cabecera municipal por pegar una convocatoria y tomar fotografías sin permiso de las autoridades locales.
A pesar de que ya ha transcurrido más de un mes y medio, no se ha logrado su liberación porque las autoridades de Cerro Hidalgo exigen a cambio que el Congreso del Estado autorice que esa agencia se segregue del municipio de San Martín Peras y se anexe al de Coicoyán de las Flores.
En ambos casos hay elementos comunes: uno de ellos es que las autoridades locales y los ciudadanos que los secundan utilizan como rehenes a personas ajenas al conflicto o a las demandas que enarbolan, para presionar a las autoridades a que cedan a sus pretensiones, sean estas legítimas o no.
En ambos casos las autoridades estatales han omitido su obligación de aplicar la ley, a pesar de que durante las protestas se han cometido de manera abierta diversos delitos contra el patrimonio e incluso contra la integridad de las personas.
En más de un mes y medio las autoridades no han intervenido para liberar a los retenidos de Cerro Hidalgo; en cambio, armaron un operativo para desalojar a sus familiares que habían tomado las oficinas de la Fiscalía de Santiago Juxtlahuaca y mantenían cautivo desde tres días antes a un agente del Ministerio Público.
Tomar como rehenes a personas, sean funcionarios, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de los cuerpos de seguridad o simples ciudadanos, usarlos como moneda de cambio, se ha convertido en un hecho recurrente; los ejemplos sobran. Esto es así porque los delitos que se cometen al amparo de una supuesta protesta social han gozado de la más absoluta impunidad. Se puede robar, vandalizar, secuestrar, e incluso linchar, y no pasa nada.
Las autoridades han incumplido su obligación de preservar la paz social y los derechos de los ciudadanos. Peor aún: no solo han renunciado al uso legítimo de la fuerza, sino que han cedido esta facultad en favor de los grupos y organizaciones.
No se trata de reprimir ni de impedir la protesta social legítima, pero sí de proteger a las personas, de ejercer la autoridad de manera racional pero con firmeza cuando se rebasan los límites que la propia ley establece.
Una regla infalible de la política es que los vacíos siempre se llenan; y el vacío de autoridad que se ha dejado ante actos vandálicos y algunos de verdadera barbarie, los han llenado los grupos y organizaciones que se han convertido en los hechos en otro. El vacío derivado de la inaplicación de la ley lo han llenado con el robo, la violencia, la agresión, es decir, con la ley de la selva.
Lo peor del caso es que por ningún lado se ve que las autoridades tengan la intención de cambiar esta situación, de retomar la autoridad que han cedido, y de cumplir con su obligación de restablecer el estado de derecho.
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