Edwin García
21 de octubre. Representantes del Comisariado de Bienes Comunales de las agencias El Jicaral, perteneciente a Coicoyán de la Flores, y de El Jicayán de Tovar, Guerrero, comunidades en conflicto por 185 hectáreas de tierra, se reunieron en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Acapulco Guerrero, para buscar alternativas a una solución que ponga fin al problema, pues recientemente se han registrado enfrentamientos.
A esta mesa de diálogo acudieron un total de 30 indígenas entre autoridades y representantes de los comuneros de ambas comunidades.
Acordaron que los resultados se los darán este viernes 22 de octubre en una sede alterna que podría ser Puebla.
El agente municipal de Lázaro Cárdenas donde está ubicada El Jicaral, Florencio Ramírez Ramírez, informó que la preocupación creció a raíz del asesinato de niño Luis Zamora Cruz, hijo de un comunero de El Jicaral, quien falleció a causa de impactos de bala.
Dijo que debido a esta muerte los comuneros de las dos poblaciones, fueron citados a Acapulco por el Gobierno Federal a través de los gobiernos de Guerrero y Oaxaca para recordarles los acuerdos de civilidad que habían firmado en una minuta previa.
Apuntó que en esta reunión, exigieron al Estado de Guerrero que se comprometa a castigar al responsable del asesinato del pequeño, ya que dijo que hay un señalamiento directo del responsable por parte de personas que fueron testigos de los hechos.
Añadió que de quedar impune la muerte, podría nunca acabar el problema entre las comunidades.
Agregó que también pidieron apoyo económico para la familia que resultó perjudicada y pueda cubrir los gastos que se originaron para el sepelio debido a que tuvieron que pedir prestado por ser de escasos recursos.
También pidieron reafirmar el acuerdo de civilidad entre las dos comunidades.
Además solicitaron al Gobierno Federal la posibilidad de ingresar al programa de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) para buscar otras alternativas de solución.
Mencionó que en esta reunión estuvo presente, el delegado de la Procuraduría Agraria de Guerrero y el de Huajuapan en representación de Oaxaca, además personal de la Secretaría de Gobernación a nivel Federal, el procurador de la Defensa del Campesino del Estado de Guerrero, el presidente de la junta de Conciliación Agraria de Oaxaca, delegados de la Reforma Agraria, el subsecretario de conflictos agrarios de Guerrero y el delegado de la Procuraduría Agraria de Puebla.
Finalmente, Ramírez Ramírez, responsabilizó al Gobierno del Estado de Guerrero, de lo que pueda suceder entre ambas comunidades sino atienden el conflicto.
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