Gerardo Cruz
AUDIO:[audio:http://audio.xeouradio.com/noticias/15MAR12_REPORTAGE CORRUPCION GERA.mp3]
15 de marzo. A pesar de que la Mixteca fue la segunda región en donde el Gobierno del Estado implementó el sistema acusatorio adversarial, mejor conocido como juicios orales el 9 de septiembre de 2008, a tres años y medio de esto la corrupción e impunidad siguen siendo las armas de fiscales, Agentes Estatales de Investigación (AEI) y demás involucrados para impartir la justicia en los mixtecos, lo cual ha dejado como resultado un sinfín de denuncias por atender, así como la decepción en la ciudadanía sobre la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE).
Gerardo Carmona Castillo, magistrado adscrito a la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), señaló que este nuevo sistema implicó un giro de 90 grados en la impartición de justicia donde se han tenido aciertos y errores, donde estos últimos se están subsanando poco a poco, donde hace falta la capacitación de todos los involucrados en el mismo para consolidar los juicios orales en la Mixteca, asimismo falta mayor difusión para el conocimiento de la ciudadanía.
Dijo que actualmente existe un déficit de personal en la Subprocuraduría Regional de Justicia en la Mixteca, ya que se ha incrementado la delincuencia, además de infraestructura para mejorar la impartición de justicia, no así en el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en Materia Penal, ya que los tradicionales expedientes fueron sustituidos por videograbaciones de alta tecnología, lo cual ya no se requiere de secretarios.
Manifestó que una vez instalado el consejo de coordinación para la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial por el Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, se han destinado presupuestos importantes para mejorar el sistema, así como capacitación, y en el caso de la Mixteca se ha implementado el Diplomado de Juicios Orales, para mejorar esta situación con catedráticos preparados a nivel nacional e internacional.
“Con este sistema se le respeta las garantías individuales a todos los ciudadanos donde para condenar a una persona se respetan tratados internacionales de derechos humanos suscrito por el Gobierno Mexicano, como lo es la convención americana de los derechos humanos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, además de que las víctimas son coadyuvantes del ministerio público para presentar pruebas en el caso”, dijo.
Manuel de Jesús López López, procurador de justicia en el estado, reconoció que hace falta personal para mejorar la impartición de justicia no solamente en la Mixteca y en el Istmo donde ya opera los juicios orales, sino en la entidad, aún más cuando en el mes de mayo van a implementar el sistema acusatorio adversarial en la región de la Costa, por lo cual existe un déficit en personal de la procuraduría para atender el tema de la impartición de justicia.
Dijo que referente a los asuntos de alto impacto como homicidios, violaciones, entre otros, y en específico con el asesinato del líder de Antorcha Campesina Miguel Cruz José, ocurrido el 25 de diciembre de 2010 en Tlaxiaco, hasta la fecha se tienen avances considerables, pero aún sin esclarecer los hechos, donde se han tenido reuniones con la organización antorcha campesina y se ha dado a conocer hasta donde la secretaría de investigación lo permite, para esclarecer por completo el homicidio.
Manifestó que también trabajan para esclarecer los feminicidios presentados en la entidad, donde en 2011 se presentaron un total de 74 homicidios en contra de mujeres y la Mixteca ocupó el segundo lugar, motivo por el cual se instalará una fiscalía especial en Tlaxiaco para esclarecer los asesinatos, siendo uno de los más fuertes el ocurrido en Huajuapan en el mes de octubre en contra de Gladis Vásquez Herrera de 23 años de edad y Karen Anette Trejo Vásquez de tres años de edad.
“Lo he dicho en muchas ocasiones que el déficit en agentes del ministerio público es en todo el estado el año pasado se contemplaron 50 ministerios públicos no son suficientes todavía, aún más cuando se va a implementar los juicios orales en la Costa, luego entonces la capacidad humana no es suficiente nos faltan poco más de 100 agentes del ministerio público”.
Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, diputado local por el distrito XV y presidente de la comisión de justicia en la LXI legislatura, expresó que desde el 2008 cuando inicio el sistema acusatorio adversarial la corrupción no ha parado, dejando como resultado la desprotección de las víctimas, y aún más cuando este sistema otorga protección a favor de los delincuentes.
Manifestó que ante ello y para hacer frente a esto a través del diplomado de juicios orales que inició el 9 de marzo y concluirá en cuatro meses, los abogados serán los que darán un diagnostico de las deficiencias existentes, para que estas sean proyectadas por su persona con el fin de reformar el código procesal penal y con ello cerrar las puertas a la corrupción que traiga consigo la impartición de justicia.
“Hemos detectado la corrupción, lentitud y desprotección de las víctimas, donde estas se observan en la primera etapa de los juicios orales, donde este sistema otorga muchas facultades a los fiscales, donde ellos concilian acuerdos y los Agentes Estatales de Investigación (AEI) cuentan con facultades plenas que hacen que no entren en funciones los abogados particulares para defender a las víctimas, donde hacen y deshacen simulando convenios que obligan a los víctimas a retirar las denuncias”, aseveró.
Martínez Ramírez, dijo que esto no es todo ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tiene el conocimiento de la corrupción e impunidad con la que operan los fiscales y AEI, donde a esto se suma la falta de presupuesto y equipo para que los funcionarios realicen su trabajo, motivo por el cual los agentes sobornan a las víctimas para que pague la gasolina de las unidades con el fin de acudir al lugar donde se cometió el delito.
Manifestó que los peritos no cuentan con el material para realizar el peritaje que de certidumbre de los delitos y se conozcan las causas de los mismos, por lo cual las carencias son muchas y ante esto el procurador tiene el conocimiento, solo falta que actúe en el tema para mejorar la impartición de justicia en materia de los juicios orales.
Dijo que además la región del Istmo donde el sistema acusatorio adversarial inició en el 2007 y la Mixteca comenzó en el 2008, estas regiones se han convertido en el laboratorio de experimento de los juicios orales, lo que ha afectado gravemente a las víctimas, aún más cuando no se han subsanado los errores en los funcionarios y la corrupción siguen en aumento, cuando debería ser todo lo contrario.
“En la subprocuraduría opera la impunidad ya que los AEI, hacen los que ellos quieren, no respetan al subprocurador, es decir, están actuando sin control, lo cual hace que los AEI, se conviertan en verdaderas bandas de delincuentes presionando, chantajeando a mucha gente de la sociedad civil, por la falta de la aplicación de la justicia”, enfatizó.
Ante esto el legislador señaló que el diplomado en juicios orales una vez culminado será un parteaguas para reformar el código procesal penal, en base a un diagnostico exhaustivo de los abogados mixtecos, que de cómo resultado un planteamiento real para impulsar en el congreso una reforma a las leyes que permita acabar con la corrupción e impunidad con la que se imparte la justicia en la Mixteca.
Sin embargo hasta que esto no sea una realidad los mixtecos seguirán padeciendo la falta de impartición de justicia por parte de las autoridades de la PGJE, aún más cuando las víctimas sean campesinos, obreros, amas de casa y el sector más vulnerable, donde por falta de dinero para comprar a la justicia los delincuentes seguirán saliendo libres y operando impunemente en la región.
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