Editorial

Plumas caídas y el cómodo guion de la impunidad

24 de abril. «¡Ni uno más!». Una frase célebre que parece funcionar únicamente como adorno en los discursos gubernamentales, pero jamás como una garantía para las familias o el gremio periodístico. Para estos últimos, cada vez que cae un soldado de la pluma, el grito de «¡Ni uno más!» se alza con la plena certeza de que no es más que un grito en el desierto: sabemos perfectamente que no será el último.

Lo ocurrido esta semana en Oaxaca con el asesinato a plena luz del día del periodista Francisco Alejandro Leyva —crítico del Gobierno del Estado— es solo una muestra más de que alzar la voz en este país sigue teniendo consecuencias fatales. Si bien Alejandro Leyva también denunciaba el actuar violento del crimen organizado (esa cotidiana realidad que aqueja a nuestra entidad y a todo México), el simple atrevimiento de señalar la verdad desde la pluma no hace más que engordar las estadísticas de periodistas asesinados y asestar otro tiro de gracia a la libertad de expresión.

Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se apresuró a recitar su ya desgastado libreto: prometieron que «no habrá impunidad» y que «se hará justicia». El mismo cuento de siempre tras cada tragedia. Para ellos, la vida de un comunicador no es más que un número para archivar; para la sociedad y el gremio, es una tragedia devastadora y una clara advertencia sobre los riesgos de escribir la realidad.

En los últimos años, aunque la ciudadanía ha intentado convertirse en crítica del poder a través de redes sociales, el esfuerzo parece no hacer el menor eco en las instituciones. Como en los peores tiempos del pasado, quienes se atreven a alzar la voz pasan a ser calificados automáticamente como «enemigos», «vendepatrias» o «adversarios». Todo por el gravísimo delito de no aplaudir la inoperancia gubernamental, exigir un alto a la violencia del crimen organizado y pedir algo tan radical como que se aplique la ley y se rompa el pacto de impunidad.

Hoy el gremio periodístico sucumbe una vez más ante la caída de otra pluma. El mantra de «¡Ni uno más!» queda confinado al imaginario colectivo, pues la cruenta realidad que azota al país transita por una autopista completamente distinta a la burbuja de fantasía en la que vive el Gobierno. Pero esta desgracia es también una oportunidad, en especial para el gobernador Salomón Jara,  para llegar realmente hasta las últimas consecuencias y demostrar así que las diferencias existidas han sido solo en un plano argumentativo y político y que la ley debe prevalecer sobre toda circunstancia. Decir «¡Ya basta!», «¡Ni uno más!» o «¡No más impunidad!» —con consignas manchadas de sangre— no es suficiente. Es lamentable, pero ni los valores ni la ley hacen acto de presencia cuando se ejecuta a un periodista, o a cualquier  mexicano.

Aspirar a que la muerte de Alejandro Leyva sea la última es un noble deseo chocando de frente contra una vil realidad: esa que maquilla la narrativa oficial a base de fríos e insensibles datos. La sociedad no puede acostumbrarse a la barbarie, ni mucho menos aplaudir la violencia o defender ciegamente a un Gobierno —sin importar su color o partido— que está constitucionalmente obligado a velar por la integridad de todos.

A nivel mundial, México ostenta el lamentable segundo lugar como el país más peligroso para ejercer el periodismo, solo por detrás de una Palestina devastada por el conflicto bélico en Gaza, y ocupa el incontestable primer lugar en América Latina, según datos de Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). De hecho, de acuerdo con registros del CPJ, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya se suman 19 plumas caídas.

La sangre no debe seguir corriendo y la impunidad no puede ser la norma. La frase «¡Ni uno más!» tiene que dejar de ser un eco vacío y convertirse en una exigencia real en el gremio, la sociedad y las cúpulas del poder. Solo así la libertad de expresión será auténtica y dejará de estar disfrazada o maquillada con cifras que pretenden desvirtuar la tragedia que desangra a nuestro país.

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