16 de enero 2026. A partir del primer minuto de este viernes, México amaneció con una de las prohibiciones sanitarias más severas de los últimos años: la producción, comercialización y uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos quedó oficialmente vetada en todo el territorio nacional. La reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas millonarias. El mensaje del Estado es inequívoco: tolerancia cero. Sin embargo, la realidad cotidiana contradice el discurso oficial.
A unos pasos de Palacio Nacional, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, la venta de vapeadores continúa de forma abierta y visible. Puestos improvisados, comerciantes ambulantes y compradores operan sin mayor discreción y, según diversos testimonios, con la complacencia de autoridades. Lejos de erradicar el fenómeno, la prohibición total parece haberlo desplazado hacia un terreno bien conocido por México: el mercado negro.
Este escenario fue advertido desde el debate legislativo. No se trató de una alarma infundada, sino de una lectura basada en precedentes históricos. Hoy, organizaciones civiles e investigaciones independientes señalan que el contrabando de vapeadores principalmente de origen chino está controlado por el crimen organizado. En la capital, la Unión Tepito; en destinos turísticos, el Cártel de Sinaloa. Un mercado antes legal, regulable y fiscalizable ahora genera miles de millones de pesos que fortalecen estructuras criminales vinculadas a la violencia, la extorsión y el secuestro.
Paradójicamente, la justificación central de la prohibición la protección de la salud pública, especialmente de niñas, niños y adolescentes se debilita frente a los propios datos oficiales. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, (ENCODAT) 2025 revela que, aunque el consumo de tabaco tradicional disminuyó, el uso de cigarrillos electrónicos se duplicó, al pasar de 1.1% a 2.6%. La demanda no desapareció; simplemente se volvió clandestina.
Además, el Estado perdió control sanitario y recaudatorio. En un mercado ilegal no hay etiquetado, regulación de sustancias ni verificación de calidad. Lejos de proteger a los menores, se facilita su acceso a productos más riesgosos, sin supervisión y con incentivos criminales para expandir el consumo.
La prohibición de los vapeadores exhibe una contradicción profunda entre el discurso y la realidad. Mientras la ley se endurece y amenaza con prisión, en las calles florece un mercado ilegal fortalecido por la omisión, la corrupción y una demanda persistente. La experiencia histórica demuestra que criminalizar el consumo sin regulación, educación ni atención integral suele fortalecer a los criminales, no a la salud pública. Más que prohibir a ciegas, el desafío está en regular con inteligencia, prevenir con evidencia y proteger con políticas integrales. Porque prohibir no es prevenir.
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