01 de agosto. La reciente decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de imponer multas por más de 24.6 millones de pesos a candidaturas judiciales federales y locales, tras descubrir su aparición en “acordeones” o guías de votación, así como por omitir reportes de ingresos y gastos de campaña, ha evidenciado un fenómeno profundamente preocupante: la comercialización del acceso a cargos públicos, incluso en el ámbito más delicado del Estado mexicano, el judicial.
El castigo, aunque económico, deja en pie a los candidatos sancionados, muchos de los cuales ya fueron declarados ganadores y asumirán sus puestos en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y otras instancias clave. Este hecho plantea una pregunta esencial: ¿Acaso estamos presenciando el nacimiento de un sistema donde se pueden cometer todas las faltas posibles y aun así llegar al poder con la simple condición de pagar una multa?
El mensaje es claro y sumamente peligroso: si puedes costear las consecuencias, puedes hacer trampa. En este contexto, las candidaturas dejan de ser una representación democrática y se convierten en una inversión financiera. Los aspirantes violan la ley, ganan la elección y, una vez en el cargo, tienen los medios y el tiempo para “recuperar” lo invertido, como si se tratara de cualquier otro negocio. Este patrón constituye un acto directo de corrupción, disfrazado de legalidad mediante resoluciones blandas del árbitro electoral.
Lo más preocupante es que esta permisividad no es un error técnico, sino una señal de la profunda afiliación institucional con el partido en el poder, que ha sido señalada en múltiples ocasiones por su influencia en órganos autónomos. La autoridad electoral ha dejado atrás criterios firmes de anulación o desconocimiento del triunfo —como lo fue en años anteriores cuando se rebasaban los topes de gastos o se violaban las reglas electorales— para dar paso a una lógica transaccional del poder: paga y conserva tu puesto.
Esto no solo degrada la función del INE, sino que socava las bases de la democracia misma. La ley ya no es el límite, sino el precio. La credibilidad de nuestras instituciones se desploma cuando los cargos públicos se perciben como productos en venta y no como el resultado de la voluntad popular expresada dentro del marco legal.
Si se permite que esta lógica prospere, si no se revierte este criterio de premiar a quien viola las reglas mientras tenga cómo pagar por ello, la democracia mexicana habrá perdido una batalla fundamental: la del respeto a la ley como garante de la equidad electoral.
Pareciera que hoy nos enfrentamos a un panorama bastante adverso como es la comercialización del poder judicial y la pérdida de la democracia.
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