15 de julio. El proceso legal que lleva Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo Guzmán”, en los Estados Unidos pareciera que no es del agrado de diversos políticos, incluyendo quienes se encuentran en Palacio Nacional, a diferencia de lo que ocurrió con el exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
Estos dos casos marcan de manera controversial la opinión de políticos en contra de la forma y condiciones de ejercer la ley por parte de la Unión Americana.
Parece ser que la llegada de Donald Trump en su segundo mandato a la presidencia de los Estados Unidos, pretenden “apretar” poco a poco según sus intereses o como se presente el escenario, la oportunidad para presionar al Gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en diversos temas para hacer frente a las organizaciones criminales a quien el gobierno norteamericano calificó de “terroristas”.
Hoy parece ser que las famosas cortinas de humo que ocurrían en el pasado no han desaparecido, por el contrario, pretenden crear más para quitar del ojo del huracán el proceso legal de Ovidio Guzmán López quien se declaró culpable de los delitos señalados por Estados Unidos en materia de narcotráfico para evitar la pena de muerte o cadena perpetua y con ello colaborar con el gobierno de Trump.
Pareciera que el aplazamiento de su juicio el cual se llevará el 15 de septiembre, fecha emblemática para nuestra país por el “Grito de Independencia”, no es casualidad, sino una fecha estratégica por el gobierno norteamericano para hacer gritar a más de un político de las declaraciones que diga el heredero del Cártel de Sinaloa.
Este actuar del gobierno de Estados Unidos, no es bien visto por el Gobierno mexicano sin embargo, es importante recordar que la visión de quienes hoy gobiernan en el caso del juicio de Genaro García Luna, aplaudieron la forma impecable de aplicar la ley contra un funcionario corrupto y ligado al narcotráfico, a quien lo utilizaron como una medalla para hacer énfasis de los actos de corrupción en el pasado y denostar la estrategia en materia de seguridad.
Pero en el caso de Ovidio Guzmán, las cosas son totalmente distinta y es que basta recordar que durante su primera detención en la administración pasada se ordenó su liberación bajo el argumento de evitar la pérdida de vidas humanas y durante su captura en este inicio de 2025 costó la vida de 10 elementos del Ejército Mexicano.
Tal parece que las políticas en materia de aplicación de la ley por los Estados Unidos, son aplaudidas cuando conviene a intereses políticos, pero es mal vista cuando afecta a intereses de quienes gobiernan y pareciera que son más de lo mismo de lo que tanto se señala, es decir, la colusión o alianza entre gobierno y narcotráfico.
Los grandes capos desde la época neoliberal hasta hoy en día no dan tregua en sus vínculos con quienes son parte de nuestros gobernantes, esperemos no sea así pero lo que es impecable es que el gobierno de Estados Unidos aplica la ley igual que siempre, sin embargo, el cambio de ver la justicia es quien está en el banquillo de los acusados.
Hoy solo falta esperar las declaraciones de Ovidio Guzmán y sus implicaciones en nuestro país, los cuáles pareciera no serán aceptadas como ya está ocurriendo en que quienes se ven en riesgo empiezan abandonar el barco para evitar se hundan, la pregunta es ¿Qué va a pasar tras las declaraciones de Ovidio Guzmán, será que quienes están investigados por los Estados Unidos dirán que no hay argumentos o son actos represivos del presidente Donald Trump?.
Hay que esperar porque esta novela cada vez se dificulta más para quienes están como actores principales o secundarios.
Aquí no resta más que decir, no es lo mismo masticar que platicar., al tiempo.
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