03 de marzo. Esta semana se registraron en la capital del estado, con solo un día de diferencia, dos sucesos que para algunos podrían parecer insólitos por provenir de un gobierno de izquierda, en este caso el del mandatario oaxaqueño Salomón Jara.
El martes un grupo de mujeres triquis fueron retiradas del Palacio de Gobierno, donde pretendían instalarse para vender sus mercancías como lo hicieron durante 12 años, y su lideresa Lorena Merino fue detenida.
Veinticuatro horas después, habitantes de Santiago Xiacuí, quienes habían bloqueado los accesos al Palacio de Gobierno reteniendo en el interior a unas 300 personas, fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, las cuales tuvieron que recurrir al uso de gases lacrimógenos para dispersarlos.
Estas acciones han merecido la crítica de algunos sectores hacia el gobernador, a quien cuestionan que haya recurrido a la fuerza pública para realizar estos dos desalojos, más aún cuando el mandatario se ha enorgullecido en reiteradas ocasiones de su origen étnico; incluso, no han faltado quienes lo han calificado de represor.
En contraste, otros sectores de la sociedad oaxaqueña le reconocen que haya tomado decisiones que gobiernos de otros signos políticos no se atrevieron a tomar para aplicar la ley y restablecer el orden ante actos que afectan los derechos de terceros, que constituyen faltas administrativas y en algunos casos hasta verdaderos delitos.
Más allá de su origen político, o tal vez precisamente por ello, el gobernador Salomón Jara merece el reconocimiento y el apoyo de los ciudadanos por lo que hasta hoy ha realizado en este aspecto, porque son miles de oaxaqueños los que están cansados de los abusos de grupos, sindicatos y organizaciones que cotidianamente trastocan el orden y la paz social, violan los derechos de los ciudadanos y doblegando a las autoridades, todo eso en la más absoluta impunidad.
No se trata de pedir que se reprima a quienes se inconforman, mucho menos que se coarten los derechos a la libre expresión y manifestación de las ideas, pero sí de esperar que las autoridades cumplan con su obligación de hacer prevalecer el orden y aplicar la ley, recurriendo, de ser necesario, al uso legítimo de la fuerza, siempre con estricto apego a los protocolos y con absoluto respeto a los derechos humanos.
La pregunta que está en el aire es si el gobierno estatal actuará de la misma manera cuando no se trate de grupos poco numerosos, sino de centenares o miles, como los integrantes de organizaciones, sindicatos y el magisterio.
No es tarea fácil, hay que reconocerlo. Muchos gobernantes han preferido hacerse de la vista gorda porque no han querido cargar con la etiqueta de “represores”, ya que estos grupos son extremadamente hábiles para crear una percepción que se ajuste a sus propósitos.
Nunca, ni por equivocación, toman fotografías o videos de los momentos en que ellos agreden a los elementos de las fuerzas de seguridad y hasta a los ciudadanos, tampoco de cuando cometen actos vandálicos o saqueos; pero sí graban y transmiten en vivo cuando son contenidos o replegados por las fuerzas del orden, para exhibir a las autoridades como “represoras” y mostrarse a sí mismos como víctimas.
Con estas dos acciones, aunadas a la recuperación de los portales del Palacio de Gobierno a solo unas horas de haber asumido el cargo, el gobernador Jara ha generado una gran expectativa en los ciudadanos amantes de la paz y el orden.
Ojalá esa sea la tónica de su gobierno y no termine doblegándose ante los grupos de poder fáctico.
No a la represión, pero sí a la aplicación de la ley en beneficio de los ciudadanos del estado de Oaxaca.
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