Edwin García
15 de junio. El coordinador general de asesores del gobierno del Estado y encargado de la Comisión Técnica que entró el pasado jueves 9 de junio a San Juan Copala, Juxtlahuaca, Víctor Raúl Martínez, dijo que de acuerdo al análisis de dicha visita, se realizaron cuatro observaciones, por lo que en estos momentos no existen las condiciones para que los desplazados regresen a la región Triqui.
Las observaciones son, que aunque hay ciertas condiciones favorables para el retorno de los desplazados, falta restituir algunos elementos en el tejido social que deben ser revisados y reconstruidos progresivamente antes de proceder con el retorno generalizado.
En la segunda, ven como una limitante para la seguridad, la cantidad de armas que les mencionaron que existen en la región y por lo que deberán de realizar un plan de seguridad que acompañe el proceso de retorno.
En el tercer punto mencionan que en el interior de la comunidad, el retorno de las familias desplazadas es bien visto, siempre y cuando se realice en un flujo paulatino y no mediante una marcha caravana y que sea mediante compromisos de reintegración comunitaria.
Y la última recomendación dice que el retorno tendrá que ser pactado por cada una de las partes mediante acuerdos para evitar nuevos enfrentamientos.
Raúl Martínez, apuntó que esta visita se derivó de los acuerdos establecidos entre los peticionarios de las medidas cautelares y el gobierno estatal y que tuvo como propósito diagnosticar las condiciones para el retorno de los beneficiarios de las medidas cautelares a San Juan Copala.
La Comisión Técnica que visitó la región estuvo conformada por un equipo de servidores públicos de la Coordinación General de Asesores del Gobernador (CGAG); Subsecretaria de Jurídica y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO); Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI); Coordinación de Módulos de Desarrollo Sustentable, Región Mixteca; Oficina del Comisionado para la atención de Derechos Humanos de la Gubernatura; Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI).
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