Baudelio Luna
24 de agosto. El Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 46 con sede en Huajuapan no ha ordenado la inspección por la supuesta repartición de predios que realiza el comisariado de Bienes Comunales en Santa María Camotlán porque no es el medio idóneo y adecuado para resolver el problema, afirmó el magistrado, José de Jesús Rodríguez Tovar.
Manifestó que dictó sentencia, sin embrago podrá revocarse, además señaló que el actuario tampoco puede dar fe de que ya se asignaron lotes, porque tendría que ser al momento del hecho.
Expresó que para que pruebe la violación, el Comité Pro Defensa de las Tierras Comunales deben apalabrarse con un notario que este disponible para que de fe si se está violando la medida por las autoridades de Bienes Comunales de Santa María Camotlán.
Aseguró que se advirtió a los integrantes del comisariado de bienes comunales de que en caso de haya continuado la repartición de tierras después del 10 de agosto, se le impondrá una multa hasta por la cantidad de diez veces el salario mínimo general en el distrito federal con fundamento en el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles.
Aseveró que el tribunal presentará la denuncia penal ante el ministerio público federal por posibles hechos constitutivos del delito de desobediencia a un mandato de autoridad. No obstante, les comentó a los representantes del Comité Pro Defensa de las Tierras Comunales que si prueban que se violó la medida precautoria se impondrá la multa.
Por su parte el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Alfonso Aguilar Mora comentó que todo está tranquilo en Santa María Camotlán y que las observaciones de los inconformes son puras mentiras.
“Ahorita no puedo decir nada, otro día con todo gusto, todo está tranquilo, no tenemos nada qué decir ni en contra ni a favor”, dijo.
El Asesor Jurídico del Comité Pro Defensa de las Tierras Comunales, Daniel Cervantes Carrasco informó que se amplió la demanda y se canceló la audiencia para el 31 de agosto, además afirmó que aumentó a 238 el número de demandantes en contra de los actos que hizo el Comisariado como representante de la Asamblea.
“Se entiende que si la Procuraduría Agraria es el garante de la legalidad, es el que debe de orientar y asesorar correctamente a los comuneros en una Asamblea, y permite o el hace ese tipo de actos, pues imaginase entonces en manos de quien están”, concluyó.
Leave feedback about this