Alicia Sandoval
13 de marzo. En 2008 la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) emitió 28 recomendaciones, de las cuales 4 fueron para casos ocurridos en la Mixteca: dos de ellos en Tlaxiaco y dos más en Huajuapan de León.
Estos últimos involucran a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en actos de tortura y secuestro, y en uno de ellos a la exsecretaria particular de la presidenta de Huajuapan, Martha García Manzanares, sin que hasta el momento se registren avances en su acatamiento.
La primera recomendación fue la número 16, emitida el 7 de octubre de 2008 y es para la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2008 y el caso involucra al huajuapeño Miguel Padilla Uribe quien fue detenido por elementos de la Policía Municipal sobre el camino de terracería que conduce a la población de San Pedro Yodoyuxi, pues presuntamente viajaba en una camioneta robada.
La recomendación relata que cuando fue consignado al Ministerio Público en la Subprocuraduría Regional de la Mixteca, fue golpeado y torturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para que se declarara culpable del supuesto robo.
Entre las vejaciones recibió puñetazos y puntapiés, al igual que le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, lo metieron en una cisterna con agua y le apuntaron con una pistola en la cabeza.
Según sus declaraciones Padilla Uribe no fue asistido por ningún abogado, pero el entonces comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, Adán Aguirre Sosa y el agente del Ministerio Público de la Mesa Especializada en Robo de Vehículos, Javier Valdivieso Cabrera dijeron que la abogada, Nancy Ivonne Enríquez Guillén –ex secretaria particular de la presidenta municipal Martha Elsa García Manzanares y en esas fechas sólo abogada de oficio- lo había asesorado, cuando el acusado ni si quiera la conocía.
Enríquez Guillén dejo su cargo en el Ayuntamiento. Las autoridades municipales aseguraron que fue por motivos particulares. Los dos funcionarios de la AEI fueron sustituidos.
La recomendación emitida por la Comisión pide que se inicie una averiguación previa a los involucrados y de encontrarse culpables sean sancionados por el delito de tortura.
La segunda recomendación fue la 21, emitida el 10 de noviembre de 2008 y es para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado por una queja de los jóvenes huajuapeños Noé Rufino Reyes Medina y Kristopher Omar Medina Carrizosa.
Según la recomendación los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2006 cuando Noé Rufino Reyes Medina y Kristopher Omar Medina Carrizosa fueron detenidos sin causa aparente por elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado –aún no llegaba la Subprocuraduría- cuando viajaban a bordo de una motoneta sobre la calle Jiménez.
Los jóvenes fueron subidos por los ministeriales, entonces a cargo del comandante Antonio Lorenzo Hernández una camioneta Jeep Liberty.
A Kirstopher lo llevaron a su domicilio, mientras que a Noé con rumbo hacia la agencia El Molino para privarlo de su libertad, lo amenazaron para que proporcionara sus números telefónicos y pidieron un rescate de 3 millones de pesos.
Fue hasta la madrugada del día siguiente cuando dejaron en libertad al joven, por indicaciones del comandante regional de la Policía Ministerial.
Para rescatar a su hijo la madre de los agraviados habló con el comandante regional y fue citada en las instalaciones de la presidencia municipal de Huajuapan, lugar al que acudió el comandante Antonio Lorenzo Hernández quien dijo a la madre de Noé que todo se había tratado de una broma.
En la declaración también se menciona a los policías ministeriales José Adán Aguirre Sosa – en ese momento sólo policía ministerial-, también a los ministeriales Daniel Ramírez Eusebio, Rolando Ruíz Sánchez y Francisco Lucero, como partícipes del hecho.
Los implicados posteriormente fungieron como integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Según la recomendación, la Comisión pidió a la Secretaria de Seguridad Pública se siga procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los agentes estatales.
Las otras dos recomendaciones fueron la 14 y la 15 para el IEEPO, y para la Secretaria de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Santo Domingo Ixcatlán, respectivamente.
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