Edwin García
26 de abril. Elementos de la Policía Municipal, entre ellos el comandante del segundo turno Leonardo Ortega Peralta, fueron denunciados por abuso de autoridad y allanamiento de morada ante la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), por la exregidora de Educación (2005-2007) Tulia Velasco Niño de Rivera; y la presidenta del Colegio de Contadores delegación Huajuapan, María de los Ángeles Abascal Velasco.
También serán denunciados tres servidores públicos ante la Subprocuraduría Regional de la Mixteca por allanamiento; se trata de Gabriel Cruz Martínez, director de Desarrollo Urbano; la asesor jurídico del ayuntamiento, Beatriz Angón Flores; y el Oficial Mayor, Carlos Hernán Corro Baños.
Abascal Velasco relató que el pasado viernes, 23 de abril, su familia realizaba una fiesta familiar en su domicilio ubicado en Privada de Reforma número 46, cuando los uniformados entraron de manera arbitraria a su hogar, agredieron a un menor de edad a quien golpearon e intentaron detener a dos más, ocasionando alarma entre la familia.
Al preguntar a los uniformados cuál era el motivo de las agresiones, el comandante a cargo argumentó que estaban persiguiendo a unos delincuentes y al recriminarle haber entrado en una propiedad privada, el se limitó a señalar “estamos en despoblado”.
La afectada mencionó que pusieron su queja con el regidor de Seguridad Pública, Lauro Cortázar Zarate, quien les mostró el parte informativo en donde lo asentado no coincidía con los hechos.
También denunció que el sábado 24, al filo de la media noche, el director de Desarrollo Urbano, la asesor jurídico del ayuntamiento y el Oficial Mayor, llegaron al terreno de su propiedad , cortaron la valla de alambre y pusieron un rotulo que dice “vía pública”.
“Nosotros entendemos que es un abuso de confianza y autoridad y sentimos que es represalia por haber puesto la denuncia ante la regiduría y Derechos Humanos; ya se tomaron cartas en el asunto”.
Por su parte la jurídico del ayuntamiento, Beatriz Angón Flores, dijo que la colocación del letrero de delimitación nada tiene que ver con la denuncia encontra de la Policía; sino que obedece a operativos que el ayuntamiento está realizando en vías públicas que han sido cerradas y son propiedad municipal.
“Yo desconocía la supuesta agresión que recibieron por parte de la Policía Municipal; el día sábado que nos encontramos en el predio, que es municipal, se les hizo del conocimiento incluso se les precisó que se había detectado que de acuerdo al acto de autorización del 2001 es una vía pública y no tenía porque haberse cerrado”.
Añadió que en enero del 2009 la familia solicitó la devolución del predio al ayuntamiento, petición que fue negada porque ya había sido lotificado como vía de acceso autorizada en 2001 por José Antonio Efraín Velasco Jiménez y María Amparo Niño de Rivera.
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