**Heriberto Pazos y Rufino Merino Zaragoza durante un congreso del MULT en Tamazulapan del Progreso en 2007**
Alicia Sandoval
23 de octubre. El director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), con sede en Tlaxiaco, Maurilio Santiago Reyes, lamentó la muerte del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, y dijo que mientras no exista una respuesta del gobierno estatal en las investigaciones y captura de los responsables, no sólo del líder, sino de todos los muertos que ha habido de indígenas Triquis, la violencia se recrudecerá y está en riesgo la existencia de la etnia.
“Lamentamos cualquier muerte que exista, no sólo la del líder, no creemos en la violencia, creemos que la situación debe ser en un marco legal y de justicia, ver que las cosas se compongan y no se agraven en la zona Triqui, ahorita en ésta región hay cientos de desplazados, asesinados, la violencia crece”, dijo.
El defensor de los derechos humanos comentó que la omisión por parte, incluso del gobierno federal, ha provocado constantes violaciones a los derechos de los habitantes de San Juan Copala, en su intento por erigirse como municipio autónomo, por lo que CEDHAPI se ha avocado a promover las medidas cautelares para proteger la vida de 135 habitantes de San Juan Copala, pertenecientes al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULTI) –grupo opositor al de Heriberto Pazos- como una acción humanitaria.
Santiago Reyes dijo que lamentan el hecho de violencia y exigió que se realicen las indagatorias necesarias.
Sobre las versiones que hay entorno a que el MULT, es un grupo relacionado estrechamente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que Pazos Ortiz contribuyó a la salida del autodenominado municipio autónomo de San Juan Copala, el director de CEDHAPI dijo que el problema de violencia en la región es histórico, y que los intereses de diversos líderes inmiscuidos en la política han hecho de la zona un botín electoral.
Dijo que desafortunadamente el gobierno federal no ha dado respuesta a su petición de acatar las medidas cautelares en San Juan Copala, pese a que ya venció su plazo de 10 días; y estarán esperando la reunión de implementación que será en Oaxaca.
Explicó que de no haber respuesta solicitarán medidas provisionales a la CIDH, para que se lleve a la Corte en San José Costa Rica.

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