Beatriz García
18 de mayo.La Contraloría Municipal ha recibido 22 quejas en contra del desempeño de funcionarios municipales, principalmente de las áreas de la Policía Municipal y Mercados, aunque hasta el momento, ninguna ha sido resuelta.
Tal es el caso del faltante registrado en la tesorería, el desalojo de tres aseadores de calzado del parque Independencia y una queja por mala actuación de la Dirección de Protección Civil contra la Comisión Nacional de Emergencia.
El contralor municipal, Rafael Cervantes Ortega explicó que hasta que no haya una resolución no es posible dar a conocer los avances o detalles sobre las investigaciones y los involucrados.
“El Objetivo de la Ley es precisamente proteger también la honorabilidad del servidor público, hasta que haya una resolución en los tres casos, ciertamente nosotros no podemos ni siquiera mostrar los expedientes porque también violentaríamos los derechos tanto del quejoso como del servidor público”, dijo.
Agregó que en cuanto al faltante, que asciende a 40 mil pesos también se lleva a cabo un juicio en materia penal y que a la contraloría sólo corresponde determinar si los servidores públicos actuaron de manera irregular.
En tanto que en el caso de los boleros, señaló que en breve iniciarán la etapa de juicio ya que los quejosos han aportado los testimonios y pruebas correspondientes.
Asimismo mencionó que en el asunto de la Dirección de Protección Civil, que se encuentra en el proceso de investigación, esperan emitir una resolución en 15 días.
El contralor informó que a partir de la creación del organismo, en febrero de este año por acuerdo de cabildo, los ciudadanos tienen la posibilidad de presentar quejas al considerar que han sido víctimas de abusos, para lo cuál los requisitos son presentar una identificación oficial y declarar bajo protesta.
“Normalmente sobre todo en la cuestión de las detenciones, en la intervención a veces de la policía municipal cuando detienen a algunas personas y en el caso de los mercados a veces en esta distribución que tiene que hacer el Ayuntamiento de los comerciantes tanto ambulantes como establecidos, locatarios de mercados, es de donde, por el momento, han surgido más”, puntualizó.
Explicó que la función de la contraloría es iniciar un procedimiento de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual, señaló comienza con una investigación para determinar si existe una irregularidad y entonces abrir formalmente un juicio administrativo, durante el cuál el servido público también tiene el derecho de ser escuchado y presentar pruebas.
Agregó que en caso de comprobar una irregularidad o abuso en el desempeño del funcionario, puede hacerse acreedor a una sanción que van desde un apercibimiento o exhorto hasta la inhabilitación por 10 años para ejercer el servicio público.
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