22 de noviembre. Este miércoles la mayoría parlamentaria de la Cámara de Diputados consumó la muerte de siete órganos autónomos cuya extinción estaba más que anunciada.
Podría decirse que los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y Federal de Telecomunicaciones (IFT); las comisiones Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Federal de Competencia Económica (Cofece), Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE); así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pasaron a mejor vida, pero es todo lo contrario.
Se ha dicho que las funciones de estos órganos y los derechos que garantizan no se perderán, lo cual es parcialmente cierto, porque sus funciones serán absorbidas por diversas dependencias del Ejecutivo, pero no ocurrirá lo mismo en lo que se refiere a la protección de los derechos que estos órganos tutelan.
Algunos como el IFT y la Cofece perderán su autonomía y algunas facultades, pero podrán cumplir al menos a medias su función de carácter técnico; en el caso del INAI se deja a los ciudadanos en un estado de indefensión en lo que respecta a la protección de dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
El carácter autónomo del INAI le ha permitido exigir a todas las entidades que reciben recursos públicos que entreguen a los ciudadanos la información que están obligadas a proporcionar. Se ha dicho que su desaparición permitirá que haya una mayor transparencia, pero hasta hoy nadie ha explicado cómo ocurrirá esto, pues en la reforma no existe un mecanismo que evite que la mayor parte de la información pública relevante se clasifique por motivos de seguridad nacional, como se ha hecho ya en varias ocasiones. Se antoja más que difícil que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno proteja a los ciudadanos cuando el gobierno del que depende se niegue a proporcionarle la información solicitada, porque será juez y parte.
El otro derecho que afectará a todos los ciudadanos es el de la protección de los datos personales. La comisionada del INAI Julieta del Río Venegas advirtió que la reforma recién aprobada no prevé el destino de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que pone en riesgo los más de 15 mil millones de archivos que se encuentran en ella y que contienen información sensible de los ciudadanos.
Ciertamente no existe ninguna garantía de que la base de datos de esta plataforma no correrá la misma suerte que han corrido otras, como el padrón electoral, que se podía comprar fácilmente a través de internet, e incluso en el barrio de Tepito. Lo más grave es que pueda caer en manos de grupos delictivos.
La extinción de los siete órganos autónomos aparta cada vez más a nuestro país de la ruta de la democracia por la que, con todo y tropiezos, venía transitando y lo acerca a la de los regímenes autoritarios.
Descanse en paz el derecho a la información y a la protección de los datos personales.
Facebook: Sistema Radiofónico Informativo