08 de noviembre. Este jueves la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de publicidad del proyecto de reforma que plantea la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De consumarse esta pretensión, como parece que ocurrirá la semana próxima, los ciudadanos perderemos la posibilidad de acceder a la información, sobre todo a la relacionada con el manejo de los recursos públicos, al no contar con un organismo independiente que garantice el ejercicio real de este derecho. La pretensión de la presidenta Claudia Sheinbaum de que las funciones del INAI las asuma la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno representa un retroceso de 22 años; sería regresar a los tiempos anteriores a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para dejar absolutamente en manos del gobierno la transparencia y la rendición de cuentas.
Por otra parte, sin un órgano autónomo que se encargue de evaluar el impacto de las políticas gubernamentales en el desarrollo humano, de medir los niveles de pobreza, de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y a los servicios públicos, que es lo que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), otro de los organismos que se pretenden extinguir, se corre el riesgo de que la realidad nacional se disfrace para mostrar la imagen de un país de ficción en el que todo esté de maravilla.
Otro de los organismos cuya desaparición está en marcha es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuya función primordial está contenida en su nombre, y que paradójicamente fue creada en 2019 por Andrés Manuel López Obrador, el mismo que cinco años después propuso su desaparición.
En forma casi simultánea, en el Senado de la República se lleva a cabo el proceso para la designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual ha sido considerado una simulación porque Rosario Piedra Ibarra, fue incluida en la terna finalista, a pesar de que en su comparecencia ante el órgano legislativo obtuvo la puntuación más baja: solo un punto contra 12 de Tania Ramírez, quien a pesar de ubicarse en el segundo lugar fue eliminada de la contienda.
Por si fuera poco, la actual titular de la CNDH utilizó una carta en la que supuestamente el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, le otorgó su apoyo, pero el prelado denunció públicamente que se trata de un documento falso y que la firma que aparece en él no es la suya.
Si esto está pasando en la elección de la presidencia de la CNDH, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de que no ocurra lo mismo en la elección de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial? ¿Quién garantiza que no se utilizarán documentos falsos, tesis plagiadas, títulos “patito” o “votos fantasmas”, o que no pesarán más los acuerdos políticos como el que permitió que Rosario Piedra fuera incluida en la terna, como reconoció el senador ahora morenista Javier Corral?
Al final de cuentas, si de lo que se trata es de tener jueces, ministros y magistrados “carnales”, como parece ser la intención, ¿no sería mejor que –en aras de la austeridad que se argumenta para la desaparición de los órganos autónomos– los eligieran directamente las mayorías parlamentarias, en lugar de insistir en la simulación?. Así los mexicanos nos ahorraríamos 13 mil millones de pesos que buena falta le hacen al verdadero desarrollo del país.
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