21 de junio. Este miércoles, integrantes de la Sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de organizaciones afines marcharon en Nochixtlán y en Tlaxiaco para exigir justicia por los hechos del 19 de junio de 2016 y castigo para los responsables.
Los sucesos registrados ese año en Nochixtlán se derivaron de un operativo de las fuerzas de seguridad federales y estatales para liberar la supercarretera Oaxaca-Tehuacán-Cuacnopalan, la cual los manifestantes mantenían bloqueada. La Sección 22 había realizado bloqueos similares en 37 puntos de la entidad y amenazaba con radicalizar sus acciones para exigir la abrogación de la reforma educativa, pero también la liberación de dos de sus principales líderes, Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos, detenidos días antes.
El saldo oficial fue de ocho personas muertas, 108 personas heridas –103 según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– y 23 personas detenidas, las cuales fueron liberadas tres días después. Varios vehículos fueron incendiados por los manifestantes.
El enfrentamiento registrado en Nochixtlán trajo como consecuencia que los cuerpos de seguridad federales y estatales se retiraran de la localidad por exigencia del magisterio y de las organizaciones, hasta octubre del año pasado, cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos determinó su retorno a través de una consulta realizada por el INE, ante el reclamo de los habitantes por la creciente inseguridad.
Cada año la Sección 22 y diversas organizaciones, algunas de ellas adheridas al Comité de Víctimas por Justicia y Verdad “19 de junio” de Nochixtlán, se movilizan en esa fecha para exigir justicia para los autores materiales e intelectuales de lo que consideran un acto de represión gubernamental.
Sin lugar a dudas su demanda es legítima, pues resulta evidente que las fuerzas de seguridad que participaron en el denominado “Operativo Oaxaca” no siguieron los protocolos establecidos para garantizar el respeto a los derechos humanos, como lo prueba el uso de armas de fuego –negado por las autoridades y finalmente reconocido ante las evidencias– y el mismo saldo.
Nadie puede estar por encima de la ley, aun cuando actúe precisamente para aplicarla y garantizar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la justicia no puede aplicarse solo a un bando y pasar por alto que el otro también incurrió en actos tipificados como delitos.
A diferencia de los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, cuando el Ejército disparó contra una multitud indefensa que se manifestaba de manera pacífica y que en ningún momento repelió el ataque, los de Nochixtlán fueron producto de un enfrentamiento, como lo prueba el que 55 de los 108 heridos eran policías.
Por estos hechos han sido procesados varios mandos policiacos, pero hasta hoy no se ha ejercido ninguna acción legal contra quienes hirieron a los integrantes de los cuerpos de seguridad, ni contra quienes incendiaron vehículos y cometieron otros delitos antes, durante y después del enfrentamiento.
Sí. Se debe aplicar la ley a quienes se excedieron en el ejercicio de sus funciones, a quienes no aplicaron los protocolos, a quienes ordenaron que se actuara al margen de la ley, pero la pregunta obligada es: Y la justicia para los policías heridos, ¿cuándo?
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