14 de junio. En la postrimería de su mandato y animado por los resultados de la jornada electoral del 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido como una prioridad que las bancadas de Morena y sus partidos aliados aprueben en septiembre su iniciativa de reforma al Poder Judicial, la cual contempla que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto directo de los ciudadanos.
En esta vorágine ha envuelto a su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, quien ha matizado el discurso presidencial tanto en los que se refiere a los tiempos como a las formas, al plantear la necesidad de que la iniciativa sea sometida a un proceso de diálogo con especialistas en la materia y otros sectores.
Desafortunadamente este jueves hizo un anuncio que parece contraponerse con la actitud mesurada que había mantenido hasta entonces: que la iniciativa no se someterá a una consulta en los términos que establece la Ley Federal de Consulta Popular, sino a una encuesta que será realizada y calificada por Morena, lo que pone en tela de juicio su legitimidad, al no existir garantía alguna de que sus resultados no sean manipulados.
El principal argumento del presidente López Obrador es que el pueblo debe elegir a los jueces, magistrados y ministros para acabar con la supuesta corrupción y los privilegios de los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, no se puede dejar de lado que todos los exgobernadores y exlegisladores que han terminado en la cárcel acusados de corruptos, fueron electos por el pueblo.
Obligar a quienes aspiran a ocupar un cargo en el Poder Judicial a realizar campañas electorales los expondría a tener que recibir financiamiento de actores y grupos de poder político o económico, lo que atentaría contra la independencia absoluta que deben tener para emitir sus resoluciones; o peor aún, abriría la puerta para que grupos del crimen organizado financiaran las campañas de los aspirantes a juzgadores para someterlos a sus intereses.
Por otra parte, la actividad que realizan los integrantes del poder judicial requiere de una alta especialización técnica que no puede estar sujeta a la popularidad, sino a un riguroso proceso de selección que garantice su aptitud y experiencia en el cargo.
La virtual presidenta electa debe retomar su postura original y someter la mencionada iniciativa a un proceso de análisis y debate en el que participen principalmente especialistas en la materia. Tomar una decisión con base en una encuesta que pareciera un medio de legitimación de lo que ya se decidió con base en criterios políticos y partidistas pondría en riesgo todo el sistema jurídico del país, tendría graves repercusiones para la economía y en el futuro podría volverse incluso contra sus impulsores.
Lo que está fuera de toda duda es que la popularidad y el voto de los ciudadanos no son garantía de capacidad, experiencia y probidad, ni mucho menos una vacuna contra la corrupción.
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