12 de abril. LOCAL. Las organizaciones nos protejan
De un tiempo a la fecha se ha vuelto una práctica recurrente que algunos particulares que enfrentan problemas de tipo legal, que pretenden agilizar un trámite u obtener algún beneficio o privilegio acudan a organizaciones autodenominadas sociales para lograr sus propósitos.
Esto ocurrió una vez más el miércoles, cuando integrantes del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC) tomaron el Centro de Justicia ubicado en la agencia Agua Dulce para exigir que una audiencia relacionada con un proceso legal contra uno de sus militantes acusado de despojo se difiriera, lo cual finalmente lograron.
Los bloqueos de carreteras y vialidades, así como las tomas de dependencias públicas y ahora hasta de empresas privadas afectan de muy diversas formas a los ciudadanos que nada tienen que ver con las demandas de las organizaciones ni pueden incidir de manera alguna en su atención.
La razón de ser de las organizaciones debe ser la gestión y defensa de causas de carácter colectivo, siempre y cuando estas sean justas; pero en ningún caso sus métodos de lucha deben basarse en acciones que afecten los derechos de terceros. No se debe perder de vista que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás.
Afectar a los ciudadanos al amparo de la búsqueda de reivindicaciones de tipo social no se justifica de ninguna manera, más allá de la posible legitimidad de los reclamos de los grupos u organizaciones; pero hacerlo para exigir que las autoridades actúen en un determinado sentido en beneficio de particulares es igualmente injustificable, pero además desvirtúa la naturaleza de las organizaciones y los propósitos para las que estas fueron creadas.
Lamentablemente su lucha se ha desnaturalizado porque la mayoría de ellas se presta a abanderar demandas de muy dudosa validez en su afán de ganar adeptos y ampliar su base social; más aún, no son pocos los casos en los que han actuado como mercenarios y grupos de choque, como ha ocurrido en más de una ocasión en Huajuapan.
Si hemos llegado a estos extremos es porque los grupo y organizaciones, así como sus líderes, se han convertido en verdaderos especialistas del chantaje y han tomado como rehenes tanto a las autoridades como a los ciudadanos.
Esta situación no va a cambiar mientras las autoridades no dejen a un lado el temor de ser etiquetadas como “represoras” y se decidan a actuar con energía. No se trata de criminalizar la protesta social, como argumentan las organizaciones, sino simple y sencillamente de que cumplan su obligación de aplicar la ley en defensa de los ciudadanos que hasta hoy se encuentran en la más absoluta indefensión.
NACIONAL. Dos iniciativas peligrosas
Esta semana, legisladores de Morena presentaron en el Senado de la República dos iniciativas que han sido calificadas de peligrosas por diversos especialistas, e incluso por organizaciones extranjeras.
Una de ellas plantea la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar al que se integrarían los fondos que las personas mayores de 70 o 75 años tengan en las afores; la otra propone que los jueces no puedan suspender la aplicación de leyes que hayan sido impugnadas por ser inconstitucionales.
El tema de los fondos para el retiro representa una verdadera amenaza para las pensiones de millones de mexicanos.
Los promotores de la iniciativa y el presidente de la república ha insistido en que las Afores no se tocarán, y que el mencionado fondo se creará con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), así como las utilidades de las empresas a cargo del gobierno y de los ahorros que los trabajadores de 70 años –en el caso del sector privado– y de 75 en el del público, tengan en su Afore; sin embargo, lo cuestionable de esta iniciativa es que a juicio de varios especialistas esto equivaldría a la expropiación de las Afores de los adultos mayores.
Aunado a ello, sus otras fuentes de financiamiento son por demás cuestionables e inciertas, porque aún se recuerda la salida de quien estaba al frente del INDEP por hacer mal uso de los recursos incautados a la delincuencia y destinados a ser devueltos al pueblo.
Por lo que toca a las supuestas utilidades de las empresas a cargo del estado, es de sobra conocido que prácticamente todas operan con pérdidas, por lo que reciben subsidios multimillonarios. Tal es el caso del AIFA que cuesta millones de pesos al erario; de Mexicana de Aviación, que no termina de despegar porque ha llegado a realizar vuelos con solo tres o cuatro pasajeros; y del Tren Maya que, en el mejor de los casos, tardaría casi 30 años en recuperar la inversión inicial. Ante esto, el siguiente paso podría ser la confiscación de las Afores de todos los trabajadores.
No menos preocupante es la iniciativa que propone limitar los efectos de los amparos que se interpongan contra leyes que puedan ser consideradas inconstitucionales.
Pretender prohibir que los jueces suspendan su aplicación afecta gravemente los derechos de los ciudadanos, pues –de ser aprobada– implicaría que ante una ley contraria a la constitución, cada uno de los ciudadanos del país tendría que tramitar un amparo que, en caso de ganarlo, solo beneficiaría a quien lo promueva y no tendría efectos generales.
De ser aprobada, esta iniciativa sería un golpe más al poder judicial, a las instituciones democráticas y a los ciudadanos en general.
Ojalá estas desafortunadas iniciativas queden solamente en eso.
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