Sistema Radiofónico Informativo

EDITORIAL. Con mordazas no hay democracia

29 de marzo. Al inicio de la actual administración, el Gobierno federal asumió una actitud de desprecio hacia los medios de comunicación tradicionales, a los cuales calificó varias veces de “mercenarios de la información”, “chayoteros” y “corruptos”; en cambio, privilegió el papel de las que bautizó como “benditas redes sociales”.

Con el transcurrir del sexenio se fue dando un cambio en esta posición, en la medida en que los hechos y la realidad empezaron a opacar la narrativa gubernamental, para dar paso a una posición cada vez más crítica.

En febrero de 2021 el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, anunció que presentaría una iniciativa de ley para “regular” las redes sociales, la cual afortunadamente no prosperó. De esta manera, las “benditas redes” pasaron a ser “malditas”.   

Ante la perdida de presencia en las redes sociales, la administración federal volvió los ojos hacia los antes despreciados medios tradicionales y buscó incrustar a comunicadores y personajes políticos abiertamente vinculados a la denominada 4T en los periódicos y espacios de radio y televisión más importantes. Así llegaron Epigmenio Ibarra y el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual integrante del equipo de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar, al noticiario “Por la mañana” de Ciro Gómez Leyva, y Hernán Gómez Bruera a MVS Noticias con Luis Cárdenas, por mencionar solo algunos.

Paralelamente, la estrategia gubernamental ha incluido un ataque sistemático contra medios y comunicadores que le resultan particularmente incómodos, pero también la “sugerencia” de que los medios controlen a periodistas que se han caracterizado por su actitud crítica.

Desafortunadamente, los dueños y directivos de algunos medios parecen haber cedido ante la “sugerencia” gubernamental y han prescindido de los servicios de algunos comunicadores, quizás con el afán de no enemistarse con el gobierno en turno.

Algunos de estos despidos por demás sospechosos ya se habían dado al inicio del sexenio, como el de Ángel Verdugo, quien salió de la cadena Imagen Radio y del periódico Excélsior al negarse a aceptar la censura que los directivos pretendían imponerle, al prohibirle que en sus comentarios tocara tres temas: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que realizara críticas al titular del Ejecutivo.

Este no ha sido el único caso, entre los más recientes se encuentra el de Azucena Uresti, quien salió de Milenio Televisión, al argumentar que en los años recientes había enfrentado “desafíos, retos y presiones”, desmintiendo así a la empresa, la cual había señalado que su retiro se había dado “de común acuerdo”.

Hace apenas una semana, dos periodistas más fueron cesados de sus respectivos medios. El primer caso fue el de Laura Brugés, reportera de Radio Fórmula, quien fue despedida de manera injustificada solamente horas después de que fuera exhibida por Ana Elizabeth García Vilchis en la conferencia matutina del presidente como integrante de una supuesta red creada para atacar al mandatario, por el simple hecho de que se encontraba en un grupo de WhatsApp del que también formaban parte personajes opositores al gobierno. De nada valió que haya explicado que esta es una práctica de muchos periodistas para mantenerse al tanto de la información que comparten diversas fuentes.

Horas después, el columnista Carlos Bravo Regidor publicó su última colaboración en el periódico Reforma, en la que dio a conocer que los directivos habían decidido de manera unilateral prescindir de sus servicios.

Estos hechos resultan preocupantes porque atentan contra el libre ejercicio del periodismo y el derecho de los ciudadanos a la información, los cuales son fundamentales en un sistema democrático.

La libre expresión de las ideas no puede limitarse más que en los casos y por las causas que la Ley Suprema de nuestro país establece. La diversidad de voces y maneras de pensar son un reflejo de la conformación plural de cualquier sociedad humana.

Respetar las diferentes expresiones de la sociedad es obligación ineludible de los gobernantes de todos los niveles.

La tolerancia y el respeto a la crítica son elementos imprescindibles en un régimen democrático.           

Si realmente queremos vivir en una democracia, apoyarla y defenderla, estamos obligados a respetar todas las voces, todos los puntos de vista, todas las opiniones, aunque no las compartamos. Con mordazas simplemente no hay una democracia verdadera.     

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