15 de marzo. La semana pasada se registraron en el país diversos hechos de violencia que trascendieron nuestras fronteras y que desencadenaron otros acontecimientos que han tenido impacto en los ámbitos de la seguridad, de la gobernabilidad y de la política.
El “portazo” que un grupo de estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, dio en uno de los accesos al Palacio Nacional provocó un viraje en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de esa institución, registrada en 2014.
Aunado a ello, las protestas de los normalistas y de los padres de los desaparecidos se intensificaron por el asesinato del estudiante Yanki Kothan Gómez Peralta a manos de la Policía Estatal de Guerrero y por el posible encubrimiento de las autoridades, quienes habrían permitido la fuga del presunto responsable.
Dos días después, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se registraron disturbios en diversos puntos del país, donde algunas manifestantes dañaron inmuebles y agredieron a elementos de las policías locales, por lo que fueron repelidas con el uso de polvo de extintores, gases pimienta y lacrimógeno.
Entre los incidentes registrados con motivo de esta conmemoración destacó lo ocurrido en Zacatecas, donde elementos de la policía reprimieron de manera violenta a las manifestantes, quienes previamente habían causado daños a inmuebles, así como lesiones a mujeres integrantes de los cuerpos de seguridad.
El asesinato del estudiante de Ayotzinapa a manos de la policía provocó que alumnos de la Normal de esa localidad vandalizaran las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quemaran al menos 11 vehículos y lesionaran a una veintena de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.
En el ámbito institucional, esto provocó la remoción de los secretarios de Gobierno y de Seguridad del estado de Guerrero, y lo que podría ser el inicio de un conflicto institucional entre la gobernadora y la titular de la Fiscalía, porque mientras la mandataria ordenó la destitución de la fiscal, esta última señaló que para que sea removida del cargo se deben seguir los procedimientos que marca la ley.
Los casos de los normalistas de Ayotzinapa y de la represión policiaca en Zacatecas tienen varios elementos en común: en ambos –como en muchos que se registran en otras entidades, entre ellas Oaxaca, al amparo de protestas sociales legítimas– se cometieron diversos delitos que van de los daños a bienes públicos y privados hasta lesiones a elementos de los cuerpos de seguridad, y en algunos casos a ciudadanos ajenos a los hechos.
También quedó evidenciada la violencia excesiva contra los manifestantes, lo que refleja que en muchos casos los integrantes de las corporaciones de seguridad federales y estatales no cuentan con la preparación, los elementos y protocolos necesarios para contener disturbios, en gran parte porque no se han destinado los recursos necesarios a la seguridad pública.
Pero quizá lo más preocupante es que las autoridades estatales y federales han adoptado el criterio de que los delitos que los manifestantes cometen durante las protestas sociales no son castigados.
Después del “portazo” al Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República que no realizara ninguna investigación sobre los hechos, lo que pone en entredicho la autonomía de la Fiscalía y envía un mensaje de impunidad a los grupos y organizaciones, en el sentido de que los delitos que cometan al amparo de protestas –legítimas o no– quedarán sin castigo.
Con toda seguridad, no habrá consecuencias legales por los delitos cometidos por los normalistas de Ayotzinapa en el marco de las protestas por el asesinato de su compañero y por la fuga del presunto responsable, así como por las mujeres que se manifestaron el 8 de marzo. Así ha ocurrido una y otra vez.
Esto confirma que a las autoridades les tiembla la mano para actuar contra grupos y organizaciones de todo tipo, y para cumplir su obligación de proteger la integridad y los bienes de los ciudadanos, así como el patrimonio de la Nación.
Al final de cuentas, lo que se fomenta con estas omisiones es la impunidad y lo que se socava es el Estado de derecho.
Desgraciadamente, las autoridades parecen haber renunciado a la primera de sus obligaciones: la de cumplir y hacer cumplir la ley.
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