01 de marzo. Pocas veces como hoy se ha puesto en el centro del debate nacional el tema de la libertad de expresión. En lo que va del presente siglo Son contadas las ocasiones en las que ha habido tantos pronunciamientos de organismos del país y del extranjero en los que se cuestiona la vigencia real del ejercicio de este derecho en nuestro país.
Para nadie es un secreto que al menos durante la primera mitad del siglo XX la libertad de expresión estuvo reducida al mínimo. Los márgenes para ejercer plenamente este derecho humano se fueron ensanchando por la persistencia de periodistas y medios que tuvieron los arrestos necesarios para navegar contra corriente desafiando las tentaciones, las presiones y los riesgos.
Desafortunadamente en los años recientes ha habido un retroceso en este aspecto, pues se ha echado mano de prácticas de presión, intimidación y acoso, propias de los tiempos más oscuros de nuestra historia.
En las últimas semanas se han registrado en el país varios hechos que ponen en riesgo la actividad periodística y a quienes la ejercen, entre ellos la filtración o hackeo de los datos personales, incluyendo las credenciales de unos 300 periodistas que han acudido a las conferencias mañaneras del presidente de la república; la exhibición pública del número telefónico de la corresponsal del New York Times en México; y el proceso legal que enfrenta Carlos Loret de Mola por haber revelado la entrega –presuntamente ilegal– de dinero en efectivo a Pío López Obrador, quien reclama el pago de 400 millones de pesos por “daño moral”.
Unos más, otros menos, pero los tres hechos son particularmente graves: el primero porque denota al menos la incapacidad de la Presidencia de la República para resguardar los datos personales de los periodistas que acuden a las conferencias del presidente; el segundo porque fue el propio primer mandatario quien reveló información que por ley está obligado a proteger; y el tercero porque envía el mensaje intimidatorio de que no se deben investigar los presuntos actos de corrupción de personajes cercanos al poder, pues en caso de hacerlo se tendrán que enfrentar represalias legales.
Las acciones antes mencionadas han provocado la condena de organismos de defensa de la libertad de expresión del país y del extranjero como Amnistía Internacional y Artículo 19, además de los corresponsales extranjeros que desempeñan sus actividades en México y más recientemente de los periodistas de El Universal, entre otros.
La libertad de expresión, que es el primero de los derechos en una sociedad verdaderamente democrática, no consiste solo en que cualquier persona pueda decir lo que piensa y que cualquier periodista o medio de comunicación pueda informar u opinar sobre cualquier tema, sino en que unos y otros lo puedan hacer con absoluta libertad, sin temor a represalias de ningún tipo.
No se puede hablar de un ejercicio pleno de la libertad de expresión cuando el periodismo crítico y la manifestación de las ideas son objeto de descalificaciones, ataques, estigmatizaciones y acusaciones sin fundamento.
Coartar la libertad de expresión no solo es amenazar, encarcelar o asesinar a quien la ejerce: también se coarta el ejercicio de este derecho cuando se olvida que la función fundamental del periodismo y del periodista es revisar la actuación de quienes ejercen el poder; se coarta cuando a una investigación periodística sustentada en documentos, grabaciones y otro tipo de evidencias se responde con acusaciones de deshonestidad y corrupción para descalificar no lo que se dice sino a quien lo dice.
También se coarta la libertad de expresión cuando se ejercen presiones sobre los dueños de los medios para que prescindan de los servicios de los periodistas incómodos; cuando se filtra información personal de los comunicadores y, peor aún, cuando se minimiza la gravedad de este hecho; o cuando se enjuicia legalmente a los periodistas que dan a conocer presuntos actos de corrupción, en lugar de hacerlo con quienes los cometen.
En México es tiempo de que los periodistas, los medios y los ciudadanos comunes podamos ejercer plenamente nuestro derecho a manifestar nuestras ideas, a expresarnos libremente, pero sin temores, sin amenazas y sin riesgos.
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