26 de enero. Este miércoles, al comparecer ante diputados y senadores, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, propuso la desaparición del organismo que preside y su sustitución por una “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”.
La propuesta es por demás descabellada, no solo porque proviene de quien está al frente del organismo encargado de la promoción y defensa de los derechos de las personas, sino porque parece formar parte de la estrategia gubernamental de desaparecer los órganos autónomos que constituyen un contrapeso ante el poder presidencial ilimitado.
La CNDH nació formalmente el 6 de junio de 1990 en respuesta a la exigencia de la sociedad de contar con una institución que defienda al ciudadano común frente a los abusos y atropellos de funcionarios y del Estado. Nueve años después, el 13 de septiembre de 1999, la CNDH se convirtió en una Institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria.
La creación de la CNDH ha ayudado a reducir de manera significativa prácticas violatorias de los derechos de las personas como las detenciones arbitrarias y la tortura, así como a que un gran número de servidores públicos que han incurrido en abusos de autoridad sean sancionados. Y no solo eso: muchas personas han recurrido a esa instancia para exigir que las autoridades respeten sus derechos a la educación, a la salud y a la no discriminación, entre otros.
Muchos ciudadanos también han acudido a la CNDH y a las comisiones estatales que se crearon a partir de la última década del siglo pasado, para que las instituciones públicas de salud les proporcionen los medicamentos necesarios, e incluso en algunos casos, como en el estado de Oaxaca, para exigir que se garanticen los derechos a la educación y al libre tránsito, ante los paros de la Sección 22 y los frecuentes bloqueos carreteros que realizan organizaciones de todo tipo.
No en todos los casos el resultado ha sido el que los ciudadanos podrían esperar, porque la CNDH y las defensorías estatales aún están lejos de ser perfectas, pero lo que no se puede negar es que a partir de su creación se ha logrado en nuestro país un avance importantísimo en esta materia.
Pretender eliminar a la CNDH y sustituirla por una “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo” va mucho más allá de un simple cambio de nombre, como lo han advertido diversas voces: se trata de un intento gubernamental por desdibujar la defensa de los derechos de las personas al tratar de englobarlos en la colectividad, al amparo del ambiguo concepto de “pueblo”.
Lo peor del caso es que sea la propia titular de la institución quien actúe como caballo de Troya para dinamitarla desde dentro, aunque tampoco esto debería extrañar, porque desde su cuestionada llegada a la presidencia de ese organismo Rosario Piedra se ha dedicado más a cubrir las espaldas del Ejecutivo que a cumplir con su papel de poner límites al poder. Baste recordar que llegó al absurdo de emitir una recomendación al INE con base en hechos de la década de los 50 del siglo pasado.
Si en algún momento tiene validez el argumento de Rosario Piedra de que la CNDH ya no sirve a los intereses del pueblo, es en este, pero no porque la institución haya quedado rebasada por las circunstancias, sino porque su propia presidenta ha renunciado a su función de defender a los ciudadanos.
Proponer la desaparición de la CNDH en este momento resulta aún más preocupante porque nuestro país acaba de ser reprobado en el Examen Periódico Universal (EPU), un procedimiento que se realiza cada cuatro años y que se basa en la revisión del cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de cada uno de los Estados Miembros de la ONU.
En la evaluación más reciente se emitieron más de 300 recomendaciones a nuestro país por temas como la militarización de los cuerpos de seguridad, concretamente de la Guardia Nacional, el hostigamiento cotidiano contra periodistas y medios de comunicación, y el incremento de las desapariciones, por mencionar solo algunos.
En cualquier momento, pero sobre todo en el contexto actual, pretender la desaparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos representa un grave retroceso porque dejaría nuevamente a los ciudadanos en la indefensión ante los abusos, los excesos y las arbitrariedades del poder público.
La pretendida creación de una “Defensoría de los Derechos del Pueblo” parece tener la clara intención de despojar de su autonomía al organismo de defensa de los derechos de las personas para sustituirlo por uno supeditado al Ejecutivo y que, por lo mismo, serviría a los intereses del poder, no a los de los ciudadanos.
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