19 de enero. En marzo del año pasado los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, respectivamente, aseguraron que al menos el 30 por ciento del territorio de nuestro país no es controlado por el gobierno, sino por grupos del crimen organizado.
Como era de esperar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que esto ocurra y atribuyó estas declaraciones a “una campaña anticipada” por las elecciones presidenciales que se efectuarán en Estados Unidos este año.
Sin embargo, la realidad parece tener otros datos: en el Estado de México los grupos delictivos cobran “derecho de piso” a los comerciantes de pollo y a las tortillerías, y en Michoacán hacen lo mismo con los productores de aguacate y de limón, por mencionar solo dos casos.
No se puede dejar de lado lo ocurrido en Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, donde a principios de diciembre los agricultores mexiquenses enfrentaron a miembros de La Familia Michoacana que pretendían aumentarles exageradamente el cobro de piso. En esa ocasión murieron 11 personas, entre ellas cuatro ciudadanos, y fueron secuestradas por el grupo delictivo otras 14, siete de las cuales aún continúan cautivas.
Hace una semana, prestadores del servicio de transporte público decidieron suspender sus actividades en Acapulco, Guerrero, por temor a nuevos ataques del crimen organizado, luego de que una terminal ubicada en el centro de la ciudad fue atacada a balazos, con saldo de un chofer herido y una unidad incendiada. Horas después de que reanudó el servicio, un sitio de taxis fue atacado baleado y un transportista murió
Por si esto no fuera suficiente, este martes mujeres indígenas del estado de Jalisco difundieron una carta por medio de la cual piden al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que ponga un alto a las desapariciones, homicidios, extorsiones y abusos de su jefe de plaza, un individuo conocido como “El Rojo”.
En el caso de Acapulco, las fuerzas de seguridad municipales y estatales así como la Guardia Nacional se vieron claramente rebasadas, pues se limitaron a actuar como transportistas emergentes, al no poder garantizar la seguridad de los prestadores y usuarios del servicio.
Más grave aún es lo ocurrido en el estado de Jalisco, pues el hecho de que las mujeres indígenas de diez municipios hayan optado por recurrir al líder de un grupo de la delincuencia organizada y no a las autoridades, es un claro ejemplo de que en algunos territorios de México las autoridades legítimamente constituidas han cedido el mando a los poderes fácticos, en este caso la delincuencia organizada, o estos se lo han arrebatado.
La carta dirigida por las indígenas jaliscienses a “El Mencho” es realmente preocupante porque en ella mencionan que algunas autoridades municipales de la zona están coludidas y otras amenazadas por la delincuencia organizada, al grado de que estas últimas tienen que pagar una cuota mensual.
Más preocupante resulta la petición, casi súplica, que el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez, hizo a la delincuencia organizada para que haga una tregua y permita que el proceso y la jornada electoral del 2 de junio próximo se realicen en un clima de tranquilidad y paz.
Algo grave está pasando en México cuando ciudadanos y hasta autoridades tienen que pedir a los grupos del crimen organizado que le bajen dos rayitas a sus actos delictivos, a sus crímenes y a sus actividades violentas.
Desgraciadamente las declaraciones de los secretarios del gabinete de Estados Unidos van mucho más allá de un discurso surgido al calor de una contienda electoral. Es evidente que el gobierno estadounidense tiene el pulso de lo que pasa en nuestro país en materia de seguridad y en muchos otros temas.
Ante esto, surge la pregunta inevitable: ¿Quién manda realmente en algunas zonas del país, las autoridades o el crimen organizado?
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