12 de enero. El final de la gestión de Ernestina Godoy como Fiscal General de la Ciudad de México estuvo envuelto en la polémica y la sospecha por el tortuoso proceso que siguió el Congreso de la capital del país para tratar infructuosamente de ratificarla, por las denuncias relativas a amenazas y actos de intimidación contra legisladores de la oposición, y por los señalamientos por el presunto plagio de su tesis de licenciatura.
Por si fuera poco, su último acto como titular de la Fiscalía fue nombrar a Ulises Lara López como coordinador general de Investigación Territorial, con lo que lo convirtió automáticamente en su sucesor hasta que el Congreso de la Ciudad de México nombre al nuevo fiscal.
Este nombramiento generó una amplia polémica porque Lara López, quien hasta entonces se desempeñaba como vocero de la institución, no era licenciado en Derecho ni contaba con los cinco años de experiencia que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Ante las críticas que este hecho provocó, la Fiscalía tuvo que emitir un comunicado en el que aclaró que Ulises Lara no funge como Fiscal sino como suplente de la titular, es decir, como encargado provisional, y que por lo tanto no necesita cumplir con los requisitos antes mencionados.
Aunque se trata de un tema jurídico que se presta a la interpretación, tal vez el asunto no hubiera pasado a mayores porque en términos estrictos la Fiscalía tendría razón, ya que la ley no establece expresamente que el suplente deba cumplir con los mismos requisitos que el titular de la institución.
Sin embargo, la polémica se intensificó porque “casualmente” un día después de que se le cuestionara porque presuntamente no cumplía los requisitos para ocupar el cargo, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) apareció una cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho. Un día antes, un medio de comunicación había realizado una búsqueda en el mismo sitio y solo había encontrado sus cédulas de licenciatura en Sociología, de dos maestrías y de un doctorado.
Las sospechas de que algo raro ocurría aumentaron porque la cédula fue expedida el 9 de enero de este año, es decir, un día antes de que asumiera el cargo, y porque el título profesional fue expedido por el Centro Universitario Cúspide de México, una institución privada que, casualmente, es propiedad de un funcionario del Gobierno de la Ciudad de México.
Todo apunta a que la expedición al vapor de la cédula de licenciado en Derecho se podría haber realizado para evitar los cuestionamientos. Sea o no el caso, lo único que se consiguió fue hacer crecer la polémica y el “sospechosismo” de manera innecesaria, porque en su carácter de encargado no requería el mencionado título.
Sin embargo, más allá de que la ley establezca o no ese requisito, la razón y la lógica indican que quien esté al frente de la Fiscalía –así sea de manera temporal– debe tener los conocimientos y la experiencia necesarias para encargarse de la procuración de la justicia en la capital del país.
Desafortunadamente, en la actual administración sobran los casos de los nombramientos de miembros del gabinete legal o ampliado que no cuentan con el perfil y la experiencia para estar al frente de áreas clave. Baste recordar que la dirección de Pemex se puso en manos de un agrónomo, la Secretaría de Economía en las de una licenciada en Letras Inglesas y la de Medio Ambiente en las de una licenciada en Derecho, por mencionar solo algunos.
La fórmula presidencial de que el desempeño de los cargos públicos requiere un 90 por ciento de lealtad y solo un 10 por ciento de capacidad se ha aplicado puntualmente; los casos más recientes son de Guadalupe Taddei y Lenia Batres, quienes fueron designadas consejera presidenta del INE y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, por su clara afinidad con el partido gobernante y no por su capacidad o experiencia.
Ojalá en la recta final de la administración la fórmula se invierta y se pongan la capacidad y la experiencia profesionales por encima de la militancia y la afinidad con un proyecto político.
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