15 de diciembre. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncio una vez más su intención de impulsar una reforma legal para desaparecer los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA), entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Desde el inicio de su mandato ha expresado su intención de desaparecer todos los organismos que –constitucionalmente o no– son independientes de los poderes públicos. En enero de 2021 dio a conocer que en primera instancia llevaría a cabo la desaparición de los que fueron creados por el Ejecutivo federal, es decir, a través de decretos; en segundo lugar iría contra aquellos cuya desaparición solo requiere de reformas a las leyes secundarias y finalmente contra los que no pueden eliminarse sin reformar la Constitución.
Afortunadamente las fracciones parlamentarias afines al proyecto presidencial no cuentan con la mayoría calificada para cambiar la constitución y esto lo sabe el mandatario; tan es así que advirtió que muy probablemente su iniciativa no será aprobada, pero que de todas maneras la enviará al Congreso “para no ser cómplice” de corruptelas y dispendios.
Los argumentos del mandatario han sido siempre los mismos: los órganos autónomos son onerosos, innecesarios y corruptos; sin embargo, hasta hoy no ha exhibido pruebas de sus dichos, ni mucho menos ha ejercido acciones legales por los supuestos actos de corrupción. Tampoco se ha tocado, ni se pretende tocar, a organismos e instituciones que ejercen altísimo presupuestos y cuyos integrantes gozan de muchos de los privilegios que supuestamente se quieren eliminar, como las cámaras de diputados y de senadores y la propia Presidencia de la República.
Entre los órganos autónomos que se encuentran en la mira presidencial destacan los que representan un contrapeso al poder del Ejecutivo, principalmente el INAI y el Instituto Nacional Electoral (INE). La desaparición de este último y su sustitución por un organismo descafeinado, susceptible de control gubernamental, se pretendió realizar a través de una reforma electoral que afortunadamente no obtuvo la mayoría calificada que se requería para que fuera aprobada.
Al no contar con los votos necesarios para desaparecer estos organismos, se ha implementado una estrategia para dejarlos inoperantes, como en el caso de la negativa del Senado a nombrar los comisionados faltantes del INAI, o dejarlos sin los recursos necesarios para que puedan cumplir con su función, como se hizo incluso con uno de los poderes de la Unión, el Judicial.
Cada uno de los órganos que hoy se pretenden desaparecer tiene una función primordial en un sistema basado en el ejercicio de las libertades y los derechos de los ciudadanos y de la sociedad en general. Pretender desaparecerlos o dejarlos en la inoperancia es debilitar la democracia.
Los órganos autónomos son el resultado de una larga y ardua lucha de la sociedad civil, que en el caso de nuestro país se ubica en la última década del siglo pasado. Lamentablemente, algunos de los quienes en su momento lucharon por su creación y su elevación a rango constitucional, hoy pretenden desaparecerlos porque les estorban en el ejercicio del poder.
En el siglo XVII, Montesquieu, considerado el padre de la división de poderes, planteó la necesidad de acotar el de los gobernantes, distribuir el poder, crear contrapesos y equilibrios para que de esta manera el pueblo conservara su soberanía. Parte de esos contrapesos son los órganos autónomos.
En este debate se pretende vender la idea de que defenderlos es defender los privilegios de las cúpulas o, peor, aún, defender la corrupción y a los corruptos. Nada más falso.
La defensa de los órganos autónomos es la defensa de los contrapesos y equilibrios del poder; es defender el derecho de los ciudadanos a exigir cuentas a sus gobernantes, de saber cómo se gasta el dinero de sus impuestos; defender la libre competencia frente a los monopolios gubernamentales; la transparencia frente a la opacidad.
En suma, es defender la esencia de la democracia, que no se agota con la emisión del voto, sino que se ejerce cotidianamente a través de la participación de los ciudadanos.
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