24 de noviembre. En su conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al próximo Gobierno que desaparezca el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
No es esta la primera vez que pretende eliminar ese órgano autónomo: el 28 de abril ordenó a los senadores de Morena que, “sin titubeos”, desaparecieran el INAI y que sus funciones las asumiera la Auditoría Superior de la Federación. Días antes el secretario de Gobernación Adán Augusto López, dijo a los senadores de ese partido que “el mundo ideal del presidente” era que el INAI quedara en la inoperancia.
Los argumentos del presidente son que el INAI “es un florero” porque tiene un presupuesto de mil millones de pesos, pero “no hace nada”; que ha sido ineficaz en el combate a la corrupción y ha ocultado información importante, como la de los evasores fiscales y el fraude de la empresa Odebrecht; y que sus funciones se duplican con las de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción.
El de la austeridad ha sido uno de los argumentos preferidos del presidente para pretender desaparecer los órganos autónomos o limitar su actuación. Sin embargo, la “austeridad republicana” ha sido por demás selectiva, pues no aplica en el caso de los privilegios de las cámaras de Diputados y Senadores, ni en el de los proyectos y obras emblemáticas del actual Gobierno.
Baste recordar que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reveló recientemente que la refinería de Dos Bocas costará entre 16 mil y 17 mil millones de pesos, más del doble de los 8 mil millones presupuestados inicialmente; y que el Tren Maya, cuyo presupuesto era de 120 mil millones de pesos, costará tres veces más, esto es 500 mil millones.
En el caso del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) el costo real se desconoce porque la información fue reservada por cinco años por “motivos de seguridad nacional”; y por si fuera poco, hace unos días se reservó también la información del patrimonio de los militares que participaron en su construcción. Lo que sí se sabe es que la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó 331 mil 996 millones de pesos, según datos de la Auditoría Superior de la Federación. Lo peor del caso es que el costo total de ese aeropuerto, si se hubiera terminado, habría sido de 285 mil millones de pesos. Una vez más nos salió más caro el caldo que las albóndigas, y eso sin contar con que este año se destinaron 836.2 millones de pesos para que el AIFA pudiera operar.
Por lo que respecta a la supuesta ineficiencia para combatir la corrupción, es importante aclarar que no es al INAI a quien corresponde investigar y sancionar los actos de corrupción; tampoco puede “ocultar información” porque no es una instancia que concentra la que generan las dependencias gubernamentales. Su función está perfectamente definida en las leyes, y es la de garantizar que los ciudadanos podamos ejercer el derecho a la información. Esta función la cumple cuando ordena a las dependencias e instituciones que reciben recursos públicos, que proporcionen que hubiesen negado a los ciudadanos.
Las funciones del INAI tampoco las puede suplir alguna de las dependencias o instituciones que el presidente sugiere, pues estas, como la Secretaría de la Función Pública, dependen del Ejecutivo, o como la Auditoría Superior de la Federación, del Legislativo, en tanto que el INAI es constitucionalmente autónomo.
La pretendida desaparición del INAI se inscribe en la línea gubernamental de buscar la extinción, la inoperancia o el estrangulamiento económico de los órganos constitucionales o autónomos que representan un obstáculo para los proyectos y para la voluntad presidencial. Así ha ocurrido en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del INE y ahora del Poder Judicial, por mencionar solo algunos.
Pocas administraciones han actuado con tanta opacidad como esta. No se recuerda alguna que haya recurrido con tanta frecuencia y ligereza a la reserva de la información pública como la actual. Esto choca abiertamente con una expresión que el presidente utiliza frecuentemente: “No tenemos nada que ocultar”. Lo cierto es que en la práctica es mucho, muchísimo, lo que se ha ocultado.
La verdadera razón para pretender la desaparición del órgano autónomo –garante del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública– es que el INAI se ha convertido en un verdadero estorbo para la opacidad gubernamental.
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