06 de octubre. Una de las características de la actual administración ha sido la pretensión de anular o al menos dejar inoperantes los órganos autónomos y las instituciones que representan un contrapeso para el Ejecutivo.
Desde los primeros meses de su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su deseo de desparecer o fusionar decenas de instituciones y organismos a los que ha calificado de “costosos” e “inútiles”. Ya lo hizo con 43 de ellos, y otros 27 están en la cuerda floja.
Entre los organismos que busca desaparecer se encuentran la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) y el Sistema Nacional Anticorrupción, por mencionar solo algunos.
Son de sobra conocidos los embates del Ejecutivo contra el Instituto Nacional Electoral (INE), al que pretendió desaparecer a través de una reforma constitucional que afortunadamente no fue aprobada, y contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que busca neutralizar mediante su anunciada reforma del Poder Judicial, que en la práctica convertiría en una instancia política lo que por naturaleza es un organismo de carácter técnico.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha sido uno de sus blancos preferidos. La práctica recurrente del Gobierno federal ha sido reservar y negar sin razones válidas una gran cantidad de información que por ley debe ser pública, por lo que el INAI ha sido par él un obstáculo descomunal.
A través del Congreso, el Senado de la República dejó en la inoperancia a ese instituto durante cinco meses, al negarse a nombrar a los tres comisionados que deberán sustituir a los que concluyeron su gestión. Una y otra vez la SCJN le ordenó realizar los nombramientos, pero la mayoría morenista ignoró los mandatos una y otra vez.
Ante ello, en agosto pasado la Corte avaló que el INAI pudiera sesionar válidamente con solo cuatro de los siete comisionados que lo deben integrar, lo que le permitió volver a la vida y empezar a desahogar los más de 8 mil 200 expedientes que tenía pendientes.
Algunas de las resoluciones emitidas desde su reactivación obligan al Ejecutivo a transparentar información que mantenía como “reservada” o que simplemente había ocultado, como la relativa a los costos de la refinería de Dos Bocas; al proceso de consulta para el diseño de los nuevos programas y libros de texto gratuitos; a las expropiaciones, entre ellas las relacionadas con la construcción de los trenes Suburbano y Maya; a los aseguramientos de fentanilo efectuados en el país; y a las denuncias presentadas por el desfalco multimillonario a Segalmex, entre otras.
Estas resoluciones, aunadas a la que recientemente emitió la SCJN para ordenar al Senado que antes del 15 de diciembre –cuando concluye el actual periodo de sesiones– designe a los comisionados faltantes, no han sido del agrado del Ejecutivo. A ello parece responder la pretensión de reducir a la mitad el presupuesto del INAI para el próximo año y recortar 15 mil millones de pesos al de la Corte, como lo han anunciado los legisladores de Morena.
Tal parece que ahora se pretenden utilizar los presupuestos para asfixiar económicamente a dos organismos que han sido particularmente incómodos para el partido gobernante, pero que son pilares fundamentales de la democracia.
Conocer la información que generan o recopilan los gobiernos e instituciones que manejan recursos públicos es un derecho de los ciudadanos y una obligación de las autoridades. Los órganos de transparencia son los garantes de que ese derecho pueda ser ejercido plenamente. Utilizar recursos legaloides, chicanadas o actos de presión como los recortes presupuestales para impedirles el desempeño de sus funciones, atenta también contra la democracia.
El acceso a la información pública ha contribuido a tener una ciudadanía mejor informada y, en consecuencia, a la emisión de un voto más razonado. Por ello, un Gobierno emanado de un proceso democrático y que se precie de tener una vocación democrática debe fortalecer, no obstaculizar, la labor de los órganos encargados de garantizar el derecho a la información.
Una de las promesas del presidente López Obrador fue que el suyo sería “el gobierno más transparente de la historia”. Esta promesa no se ha cumplido; es más, hasta hoy el suyo se perfila como uno de los más opacos de las últimas décadas… sin embargo, aún le queda un año de Gobierno, por lo que aún está a tiempo de honrar su palabra.
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