25 de agosto. Este miércoles, la Segunda Sala de La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó por mayoría –con el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel– que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pueda sesionar legalmente con solo cuatro comisionados, en tanto el Senado de la República cumple el mandato de nombrar al menos a uno de los tres faltantes.
Con ello termina la inoperancia a la que fue sometido el INAI, luego de que en marzo de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador vetara los nombramientos de Yadira Alarcón y Rafael Luna, y de que el primero de abril concluyera el periodo legal del comisionado Francisco Javier Acuña.
Desde entonces, Morena y sus aliados bloquearon una y otra vez en el Senado de la República la designación de los comisionados faltantes, a pesar de los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que realizara dichos nombramientos.
Durante casi cinco meses de parálisis institucional el INAI no pudo desahogar aproximadamente 8 mil 200 expedientes, en su mayoría relativos a recursos interpuestos por ciudadanos a quienes los sujetos obligados les negaron la información solicitada.
El bloqueo de los nombramientos de los comisionados faltantes no fue sino uno más de los embates gubernamentales contra el instituto. A finales de abril, el presidente López Obrador pidió a los legisladores de Morena que, “sin titubeos”, desaparecieran el INAI y que sus funciones las asumiera la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que supuestamente permitiría ahorrar unos mil millones de pesos.
Y no solo eso: en una reunión con legisladores de Morena y sus aliados el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández reveló que el presidente López Obrador ordenó dejar inoperante al INAI, como quedó registrado en un audio de la reunión que fue filtrado a los medios.
El argumento del presidente es que el INAI “no sirve para nada” porque –según él– “lo crearon para simular que se combatía la corrupción cuando nunca hicieron nada” y que “durante todo el periodo neoliberal, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente (y) nunca ese organismo se enteró”.
Tal parece que los asesores del presidente no le han proporcionado la información correcta, pues el INAI ni fue creado ni tiene entre sus facultades el combate a la corrupción; no es instancia investigadora, ni siquiera concentradora de la información oficial de las dependencias e instituciones de los gobiernos federal, estatal y municipales.
El combate a la corrupción corresponde a otras instancias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República, por mencionar solo dos de ellas.
La función principal del INAI –que es un organismo autónomo– es garantizar que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la información, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho de otra manera, cuando un ciudadano solicita una información a cualquier organismo que recibe recursos públicos y este se la niega, recurre al INAI para que revise si la negativa es legal; de no ser así, ordena al organismo en cuestión que proporcione la información solicitada.
A lo largo de su historia el INAI ha demostrado su utilidad, pues gracias a este instituto fue posible conocer la información relativa a casos relevantes correspondientes a sexenios anteriores, pero también al actual, entre ellos los de la Casa Blanca, la Estafa Maestra, Odebrecht, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y Segalmex, por mencionar solo algunos.
La resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido cuestionada por algunos funcionarios de la 4T, como el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, quien dijo que la Corte invadió facultades del legislativo y vulneró la división de poderes. Curiosamente, Monreal era el líder de la bancada de Morena en el Senado, y con ese carácter acordó con los coordinadores de las otras fuerzas políticas los nombramientos y hasta los nombres de los comisionados que serían nombrados para ocupar los espacios vacantes, pero incumplió los acuerdos, argumentando que los senadores de su bancada “lo rebasaron”.
La reactivación del INAI no es –como seguramente se pretenderá presentar– un triunfo de la oposición, sino de los ciudadanos, quienes de esta manera recuperan la posibilidad real de conocer la información relacionada con el uso de los recursos públicos y los actos de las autoridades y las diversas instancias de Gobierno. Es un triunfo de la transparencia sobre la opacidad que ha sido la práctica gubernamental en los últimos cinco años; es un triunfo de la apertura sobre la cerrazón.
En suma, recuperar el acceso efectivo a la información pública es un triunfo para la democracia.
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