16 de junio. Hace 43 años surgió en el estado de Oaxaca el autodenominado Movimiento Democrático del Magisterio con el objetivo de democratizar a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y hacer frente al cacicazgo que su líder nacional Carlos Jonguitud Barrios ejercía a través de la corriente denominada Vanguardia Revolucionaria.
Fue en 1980 cuando se realizó el primer paro de labores que dio origen a una confrontación abierta entre maestros llamados “democráticos”, alineados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y los “charros” afines a Vanguardia.
En todo el estado, incluyendo la Mixteca, se registraron enfrentamientos violentos entre “democráticos” y “charros” por la disputa de las escuelas. El más sangriento registrado en esta región fue el del 20 de octubre de 1987 en San Agustín Atenango, donde murió un profesor y otros ocho resultaron heridos de bala.
La disputa por el poder sindical se mantuvo durante varias décadas, arrojando como saldo numerosos muertos y heridos, pero también paros de labores que han provocado un enorme daño a la educación de ocho generaciones de estudiantes de nivel básico.
Desde sus primeros tiempos el movimiento magisterial se radicalizó, adoptando como práctica común los bloqueos de calles y carreteras, la toma de edificios públicos y centros comerciales, así como los actos de vandalismo; todas estas acciones han afectado gravemente a los ciudadanos que son totalmente ajenos al conflicto.
Durante estas más de cuatro décadas ha habido al menos dos momentos críticos: el primero de ellos fue el conflicto del año 2006, que dio origen a la llamada Asamblea Popular de los Pueblo de Oaxaca (APPO) y que sumió al estado en una de las peores crisis políticas, sociales y de gobernabilidad de su historia, además de afectar gravemente la economía estatal.
El segundo momento fue el enfrentamiento registrado diez años después, el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, donde murieron ocho personas y un centenar resultaron heridas al oponerse a liberar la supercarretera Oaxaca-Tehuacán-Cuacnopalan, la cual mantenían bloqueada para exigir la liberación de sus principales dirigentes, quienes habían sido detenidos acusados de delitos del orden común.
Con el argumento de exigir la satisfacción de sus demandas de carácter gremial, los integrantes de la Sección 22 han realizado de manera reiterada actos tipificados como delitos, pero hasta hoy ninguna autoridad se ha atrevido a aplicar la ley. El manto de la impunidad ha cobijado sus acciones.
En la pasada administración estatal la sociedad oaxaqueña tuvo un momento de respiro porque el magisterio adoptó una actitud más razonable y canalizó sus demandas a través del diálogo, dejando de lado los paros de labores y las acciones radicales.
Desafortunadamente, con la renovación de su dirigencia y la llegada de Yenni Aracely Pérez Martínez han vuelto las movilizaciones masivas, y las suspensiones de labores se han vuelto recurrentes. Además de los paros y marchas recientes se enfrenta la amenaza de un posible pario indefinido de labores, justamente en la recta final del ciclo escolar 2022-2023.
Nuevamente el magisterio oaxaqueño recurre a la amenaza y al chantaje para doblegar a los gobierno federal y estatal, a pesar de que estos son ideológicamente afines a ellos, y de en su momento respaldaron su movimiento. Lo mismo ocurrió en la administración de Gabino Cué, a quien la Sección 22 y sus organizaciones afines ayudaron a llegar al poder, pero luego lo declararon su enemigo cuando el mandatario se negó a seguir accediendo a sus chantajes.
Hoy, cuando la historia parece repetirse, el gobernador Salomón Jara ha advertido que no cederá a chantajes ni permitirá actos fuera de la ley o que afecten a los ciudadanos. El mandatario ha mostrado una actitud de apertura hacia el magisterio, con cuyos dirigentes se ha sentado para atender sus demandas, pero al parecer eso no ha bastado. Ojalá no termine doblegándose como sus antecesores.
Este sábado la Asamblea Estatal del magisterio decidirá si las respuestas de los gobiernos a sus demandas son o no satisfactorias, y con base en ello determinar si van o no al paro indefinido.
Sería muy lamentable que optaran por el paro y volvieran a sumir al estado en otra noche negra como las que ya se han vivido anteriormente y que han afectado la educación de los niños y jóvenes, así como las actividades productivas y la economía estatal.
Oaxaca no puede ni debe seguir siendo rehén de un movimiento que lo ha sumido en la inestabilidad política y social, y en una gravísima crisis económica.
¡Basta ya!
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