22 de julio. Este domingo fue detenido en Salinas del Marqués el agente municipal de esa localidad, Eusebio O. E., en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por encabezar bloqueos a la construcción de la escollera rompeolas oeste de Salina Cruz.
En su aprehensión participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, con el apoyo de elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina, algo que no se ve todos los días.
En términos estrictos, la detención de Eusebio O. E. está apegada a la ley, pues el delito del que se le acusa, “Oposición a que se Ejecute Alguna Obra o Trabajo Público”, está previsto en el artículo 185 del Código Penal Federal, y amerita una pena de hasta dos años de prisión. Nada que objetar al respecto.
Sin embargo, poco después de esta aprehensión, integrantes de organizaciones autodenominadas “sociales” bloquearon los principales cruceros y vías de acceso a la ciudad de Oaxaca, e incluso integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tomaron la caseta de Huitzo, ubicada en la supercarretera Oaxaca-Tehuacán-Cuacnopalan, donde estuvieron cobrando cuotas de 50 pesos a los conductores de automóviles, y de 100 pesos a los de vehículos grandes.
Aunque las tomas de casetas de peaje y los bloqueos de carreteras constituyen delitos cuyas penas llegan hasta los siete años de cárcel y multa de hasta 48 mil 110 pesos, de acuerdo con las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación que entraron en vigor el 23 de febrero de este año, en estos casos no pasó absolutamente nada. Si bien es cierto que el jueves la Policía Estatal retiró el bloqueo que integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala mantenían en el crucero de Fonapas, y detuvo al líder de esa organización, también lo es que horas después lo dejaron en libertad.
En ambos casos se violó la ley, se incurrió en una conducta delictiva, se perjudicó a terceras personas y se ocasionaron pérdidas cuantiosas tanto a particulares como al erario público; la diferencia radica en que los bloqueos a la escollera rompeolas de Salina Cruz afectaban uno de los proyectos emblemáticos del presidente de la República, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), y en los otros “solo” se afectó a ciudadanos comunes y corrientes.
Tal parece que en los últimos años se ha legislado más para proteger los intereses gubernamentales -en este caso los proyectos estratégicos- que los de la sociedad. Así ocurrió en Tabasco en julio de 2019, cuando el Congreso aprobó la llamada “ley garrote”, que establecía penas de hasta 20 años de cárcel a quien impidieran la ejecución de obras públicas, exigiendo “dádivas, cuotas o la obtención de un empleo”.
En su momento estas disposiciones legales fueron cuestionadas por diversos grupos y organizaciones del país, quienes argumentaron que el objetivo de las mismas era impedir posibles bloqueos a otra de las obras emblemáticas del actual gobierno, la refinería de Dos Bocas, a pesar de que en su momento el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la toma de pozos petroleros en esa entidad.
Por cierto, el autor de la polémica iniciativa -que un año y medio después sería invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- fue el entonces gobernador, hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Pero no solo es la creación de leyes “a modo”, sino la aplicación discrecional y selectiva de las mismas, pues se siguen utilizando dos pesas y dos medidas para juzgar actos similares: si se trata de bloqueos efectuados por grupos u organizaciones afines al gobierno en turno, se aplican la manga ancha, la tolerancia y la permisividad; pero si se afectan los proyectos gubernamentales estratégicos, se aplican toda la fuerza del Estado y todo el peso de la ley, como ocurrió con el agente municipal de Salinas del Marqués. De ahí que el discurso gubernamental sea tan elástico y flexible que oscile entre el “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” y el “no me vengan con que la ley es la ley”.
Uno de los principios en los que se basan las leyes es el de la generalidad, que consiste en que aplican para todos los individuos, sin especificaciones ni distinciones particulares; es decir, la ley es la misma para todos. Lamentablemente desde hace muchas décadas, pero sobre todo en los años recientes, en México este principio ha sido sustituido por otro emanado de la cultura popular: “Según el sapo, es la pedrada”.
– Francisco Círigo
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