24 de junio. Este lunes fueron asesinados en Cerocahui, Chihuahua, dos sacerdotes jesuitas que intentaron dar protección a un guía de turistas que buscó refugio en la iglesia cuando era perseguido por un individuo identificado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa.
Estos crímenes provocaron una oleada de condenas y exigencias de justicia. El mismo papa Francisco, al expresar su dolor y consternación por el asesinato de los jesuitas, también puso el dedo en la llaga de la situación de violencia que se vive actualmente en nuestro país. “¡Cuántos asesinatos en México!”, lamentó.
La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un pronunciamiento mucho más enérgico: en un documento denominado “Mensaje al pueblo de México” expresó su preocupación por la creciente violencia que vive el país, al manifestar que “el crimen se ha extendido por todas partes, trastocando la vida cotidiana de toda la sociedad”, y que los grupos criminales “han llegado a manifestarse con niveles de crueldad inhumana en ejecuciones y masacres que han hecho de nuestro país uno de los lugares más inseguros y violentos del mundo”.
Pero los obispos mexicanos no fueron los únicos que demandaron modificar la estrategia de seguridad del Gobierno federal: el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, se pronunció en el mismo sentido, al señalar que el Congreso debe revisar el plan de seguridad del presidente López Obrador “sin tabúes, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas”.
El asesinato de los sacerdotes y del hombre que buscaba refugio en el templo con la esperanza, finalmente vana, de que su victimario respetara lo que desde la antigüedad se conocía como “asilo en sagrado”, no son un hecho aislado: cada semana nos enteramos de asesinatos, masacres, humillaciones a integrantes de los cuerpos de seguridad y de la Fuerzas Armadas, así como exhibiciones de impunidad por parte del crimen organizado.
Tan solo esta semana se registraron el homicidio de ocho personas en Michoacán, por un sujeto que finalmente fue abatido por la policía; un enfrentamiento entre policías y un grupo delictivo en El Salto, Jalisco, con saldo de 12 personas muertas; y la difusión de dos videos, uno de ellos mostrando una fila de más de 50 presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, fuertemente armados, y el otro a una veintena de integrantes del mismo grupo delictivo; estos últimos se adueñaron de un poblado de Jalisco al grito de “¡Llegamos a El Volantín y no nos vamos!¡Puro cuatro letras!.
A pesar de lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió por enésima ocasión que no cambiará su estrategia de “abrazos, no balazos”, y aseguró que “vamos bien” y que lo puede probar “hasta con números”; pero la terca realidad tiene otros datos, extraídos de cifras de su propio gobierno, que se reflejan en una estadística que semana a semana se incrementa con nuevos homicidios, masacres y ejecuciones.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en los primeros 42 meses de la actual administración se han registrado 120 mil 463 muertes violentas, más del doble de las 53 mil 319 ocurridas en el mismo periodo de la administración de Felipe Calderón y 60 por ciento más de las 74 mil 737 del periodo de Enrique Peña Nieto.
La semana pasada la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a cinco entidades de nuestro país por los altos índices de violencia, y reconsiderar sus viajes a otras 25 entidades, dejando solo como estados con menor declaratoria de violencia o riesgo a Campeche y Yucatán.
En el caso de Oaxaca, son varias las zonas en las que se ha detectado la presencia de grupos de la delincuencia organizada, entre ellas el Istmo y la zona limítrofe con Veracruz, lo que se ha reflejado en un alarmante incremento de las muertes violentas. Afortunadamente en Huajuapan no parecen haberse asentado aún grupos del crimen organizado, aunque el riesgo de que eso ocurra está latente, sobre todo por la cercanía con Acatlán de Osorio, Puebla, donde opera una célula de Los Rojos.
Lo que está ocurriendo en nuestro país debe mover a una reflexión seria, a escuchar a los obispos, quienes a su vez han hecho un llamado para que se escuche a los ciudadanos, a las víctimas, a los familiares de asesinados y desaparecidos, a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil, para que a través de un diálogo nacional se emprendan acciones integrales y eficaces para alcanzar la paz en el país.
No hay más. Es, como lo señala el documento del episcopado, “tiempo de revisar las estrategias de seguridad que están fracasando”, porque “no es útil negar la realidad y tampoco culpar a tiempos pasados de lo que nos toca resolver ahora”. Después puede ser demasiado tarde.
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