22 de abril. La noche del pasado domingo 17 de abril se vivió en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un hecho inédito: el rechazo de la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación privada en ese sector.
Aunque las fracciones parlamentarias de Morena y sus aliados –los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México- sumaron 275 votos a favor de la propuesta del presidente, no alcanzaron los 334 que se requerían por tratarse de una reforma a la Constitución.
Ante la primera gran derrota parlamentaria del presidente en los primeros tres años y medio de su mandato, Morena emprendió una campaña para exhibir en redes sociales y a través de “tendederos” a los diputados del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano que votaron en contra de la reforma, tachándolos de “traidores a la Patria”.
Esta campaña resulta preocupante por varias razones; una de ellas es que atenta contra lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra ley suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.
Los legisladores de la oposición podrían tener razón al rechazar las reformas propuestas por el presidente, o estar en un error, eso es algo que sólo el tiempo podrá decir, pero calificarlos de “traidores a la patria” por emitir su opinión y su voto en ese sentido es una actitud contraria al espíritu democrático que debe prevalecer en el debate y la práctica parlamentaria y en la vida política del país.
La mencionada campaña sienta un peligroso precedente, no solo porque atenta contra la inviolabilidad constitucional de los legisladores, sino porque viola la privacidad de los datos personales, protegidos por las leyes, al exponer públicamente los nombres, rostros e incluso domicilios de los legisladores que votaron contra la reforma eléctrica. Hacerlo, incitando al odio, expone a los legisladores de la oposición a posibles agresiones o ataques contra su persona, sus familias o sus bienes.
Por tal razón el legislador Jorge Triana dio a conocer que presentaría una denuncia por daño moral contra Mario Delgado y contra Citlali Hernández, por ser los principales promotores de dicha campaña. Esta es una oportunidad para que las instituciones del país, principalmente la Fiscalía General de la República, realmente actúen y honren el compromiso del presidente de acabar con la impunidad en todos los ámbitos. Ojalá no ocurra lo que en otros casos relacionados con presuntos actos de corrupción de funcionarios del gobierno actual, o incluso familiares, en los que simplemente se le da carpetazo al asunto.
Por otra parte, habría que preguntar quién y con qué parámetros determina si alguien es patriota o traidor, y cuáles son los elementos objetivos para ubicar a los demás en uno u otro bando.
En una democracia son válidos los desacuerdos y los disensos; en las democracias se respeta el derecho de todos los individuos a expresar con libertad sus ideas y a defenderlas con argumentos en cualquier instancia. Pretender imponer una sola manera de pensar, una sola visión de la realidad, un solo modelo de país, y peor aún, descalificar o satanizar a quienes no están de acuerdo con ella, es propio de los regímenes totalitarios.
Calificar a los disidentes de “traidores a la patria” sin más sustento que las acusaciones de que al emitir su voto buscaban proteger a las compañías extranjeras que pretenden seguir saqueando al país, y sin que estos señalamientos sean respaldados por evidencias o pruebas, es un exceso, un despropósito, y nos ubica en una ruta muy peligrosa, la de la intolerancia y el autoritarismo. Lo mismo valdría si fuesen los legisladores de oposición o sus partidos quienes emprendieran una campaña de este tipo contra los simpatizantes del presidente.
Urge abandonar el lenguaje de odio, las polarizaciones y retomar la práctica política basada en el debate enriquecedor, en la confrontación de ideas y de argumentos, no en insultos y descalificaciones. Es urgente retomar la actividad política como un ejercicio permanente de búsqueda de acuerdos y consensos. Urge volver a asumirnos como miembros de una sociedad plural, de una comunidad nacional basada en el respeto a las diferencias, porque al final del día nadie, absolutamente nadie, es poseedor de la verdad absoluta.
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