15 de abril. El domingo pasado nuestro país vivió una jornada inédita de participación ciudadana: la consulta para determinar si al presidente Andrés Manuel López se le debería revocar el mandato por pérdida de la confianza, o si debería continuar en el cargo hasta el final del periodo para el que fue electo.
Esta consulta, que de una u otra manera fue histórica, se caracterizó por una bajísima participación ciudadana estimada en poco más del 17.7 por ciento, lo que representó un abstencionismo cercano al 83 por ciento. Menos de 2 de cada 10 ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores acudió a emitir su opinión sobre este tema.
El presidente y sus simpatizantes culparon al Instituto Nacional Electoral de la baja participación ciudadana porque sólo se instaló la tercera parte de las casillas que en una elección constitucional, lo que no deja de ser una interpretación reduccionista.
Para explicar lo que ocurrió el domingo 10 de abril habría que incorporar al análisis otros elementos que sin lugar a dudas fueron un factor importante para que los resultados hayan sido los que ya conocemos.
El primero de ellos es el hecho de que la consulta se apartó del espíritu que inspiró la reforma al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria correspondiente, y que es el de dotar a los ciudadanos de un instrumento jurídico que les permita solicitar la terminación anticipada del mandato del presidente de la República cuando su actuación sea insatisfactoria.
Dicho de otra manera, la consulta sobre la revocación de mandato la tendrían que haber solicitado quienes querían que el presidente dejara el cargo, y no quienes deseaban que continuara en el mismo.
En este caso, la solicitud no provino de quienes están en desacuerdo con la gestión del presidente, sino de sus simpatizantes y de su partido, quienes para recabar las firmas necesarias no promovieron la revocación de mandato, sino lo contrario de lo que la constitución y la ley secundaria establecen, es decir, una “ratificación”. Hasta hoy ni la oposición ni un número significativo de ciudadanos ha planteado que el presidente deje el cargo, por lo cual la inmensa mayoría de los electores acudió a expresar su opinión, como lo muestran los resultados oficiales.
Sin lugar a dudas, plasmar en la ley suprema de nuestro país la posibilidad de que los ciudadanos puedan exigir la terminación anticipada del mandato de un mal gobernante, es un avance importante en la democracia participativa, siempre y cuando se apegue a lo que la propia legislación de la materia establece. Si se le da la vuelta y se pretende convertir en un instrumento de legitimación del gobernante en turno, no sólo será un ejercicio muy costoso, sino también inútil.
Para que esto no ocurra es necesario que, a partir de la experiencia del domingo pasado, se realicen reformas legales entre las que tendría que estar la prohibición expresa de que el gobernante, los legisladores emanados de los partidos que lo postularon como candidato, los institutos políticos que lo impulsaron y las organizaciones identificadas con él no puedan solicitar una consulta de este tipo, ni mucho menos promoverla.
Por otra parte, si se trata de un ejercicio equiparable a una elección constitucional, tendría que estar sujeto a reglas y mecanismos de fiscalización similares a los que se aplican en los comicios de cualquier tipo, desde el establecimiento de periodos de precampaña y de campaña, así como topes, el origen de los recursos y el destino de los mismos, entre otros.
También debe estar sujeto a la aplicación efectiva de sanciones similares a las que se aplican en los comicios constitucionales a quienes violan la ley o desacatan las medidas cautelares impuestas por las autoridades electorales.
Pero si lo que se busca en realidad es la legitimación del gobernante, tal vez habría que considerar una reforma constitucional de fondo para acortar el periodo del presidente y de los gobernadores, y establecer la posibilidad de la reelección inmediata por una sola ocasión, como ocurre en otros países.
Habría que definir con toda claridad qué es lo que se quiere, porque lo que no debe ocurrir es que, como en muchos otros temas, la revocación de mandato se coinvierta en un ejercicio permanente de simulación.
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