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EDITORIAL. ¿De veras nadie por encima de la ley?

08 de abril. Cada vez se han vuelto más frecuentes en Oaxaca y otras entidades los excesos, vejaciones, violaciones a los derechos humanos y agresiones a comunicadores en el marco de protestas de grupos y organizaciones.

Este lunes, durante el bloqueo que realizaron a la altura de la desviación a Tezoatlán de Segura y Luna, integrantes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI retuvieron durante varias horas y encadenaron a dos funcionarios de la Coordinación General de Atención Regional que acudieron a dialogar con ellos.

La tarde es este jueves, pobladores de San Cristóbal Amatlán, en la Sierra Sur, retuvieron a siete elementos de la Guardia Nacional que habían acudido a rescatar a la regidora de Educación de ese municipio, quien también había sido retenida a pesar de contar con medidas de protección.

Los habitantes de ese municipio declararon la guerra al Estado mexicano, se autonombraron “municipio autónomo”, desconocieron a las policías municipales, federales y estatales, y anunciaron la creación de grupos de “autodefensa”.

Este viernes, supuestos normalistas agredieron a un trabajador de una empresa refresquera que les pidió que dejaran de robar la mercancía del camión repartidor a su cargo; también agredieron y rociaron con gas pimienta al reportero Mario Romero García, quien cubría los hechos.

Los actos vandálicos, robos de mercancía y saqueos de establecimientos, así como las agresiones a funcionarios, comunicadores y ciudadanos comunes se han vuelto actos recurrentes disfrazados de “protesta social”. Las movilizaciones de grupos y organizaciones se han tornado cada vez más violentas porque sus integrantes siguen gozando de la más absoluta impunidad.

Las reformas legales que endurecieron las penas para quienes tomen las casetas de las carreteras de cuota o realicen bloqueos de las vías de comunicación son letra muerta. Las autoridades han optado por negociar con las organizaciones, y en no pocos casos ceder a sus caprichos, porque parecen tener temor de aplicar la ley.

Esto ha envalentonado a los líderes, quienes se dan el lujo de vejar y humillar a funcionarios, elementos de los cuerpos de seguridad, de la Guardia Nacional e incluso de la que hasta hace no mucho tiempo era una de las instituciones más respetadas: el Ejército Mexicano. Hoy han llegado al absurdo de declarar la guerra al Estado Mexicano.

Tal parece que en el momento actual, caracterizado por la creciente y sistemática vulneración del estado de derecho, la única “ley” que vale es la de la fuerza. Si bien esta situación ha sido una constante desde hace varios años, se ha agudizado en este sexenio ante expresiones como “abrazos, no balazos” y otras similares, haciendo a un lado el uso legal de la fuerza por parte del Estado. 

No se puede dejar de lado que un factor que ha contribuido a ello es la sistemática violación de las leyes por parte de quienes juraron cumplirlas y hacerlas cumplir, y por lo mismo son los más obligados a acatarlas.

Baste mencionar que casi en la víspera de la consulta popular de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral había recibido 172 denuncias por violaciones a la veda electoral por parte de funcionarios de primerísimo nivel, y había dictado 25 medidas cautelares, que en su mayoría fueron desobedecidas.

En este contexto, hace unos días el primer mandatario de la Nación pronunció una frase que ha resultado por demás polémica: “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

Esta expresión ha generado controversia porque choca frontalmente con una de las frases que el presidente ha repetido de manera enérgica, una y otra vez, a lo largo de su mandato: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Hoy el país requiere con urgencia que desde las más altas esferas del poder se emita un mensaje claro en ese sentido; que se rescate el valor del respeto a la ley; pero sobre todo, que ese respeto se manifieste en todos los actos de gobierno, y que los gobernantes asuman y honren el juramento que hicieron al tomar posesión de sus respectivos cargos: cumplir y hacer cumplir la ley.

Por ello urge que desde el presidente hasta el último de los funcionarios de todos los niveles retomen el “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” y actúen en consecuencia.

De no ser así, cada día estaremos más cerca de la ley de la selva.

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