18 de diciembre. Este martes la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en lo general un dictamen para reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación y castigar con hasta siete años de cárcel y multa de hasta 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, algo así como 43 mil 440 pesos, a quienes realicen la toma de casetas de peaje.
La reforma al artículo 533 de dicha ley establece que estas sanciones serán impuestas a quienes “dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o para obtener un lucro interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan la prestación de servicio, operación, o deterioren las vías generales de comunicación o los medios de transporte, así como a quienes restrinjan de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por éstas”.
Esto parece ser una buena noticia, sobre todo para los oaxaqueños, quienes desde hace varios años padecemos bloqueos de carreteras y casetas, así como cobros ilegales de peaje, con todos los perjuicios que esto trae consigo, como la pérdida de citas médicas o de trabajo, las afectaciones económicas y en muchos casos la pérdida de mercancías.
Sin embargo, ni el delito de ataques a las vías generales de comunicación ni las sanciones a quienes lo comenten son nuevos, ya que el artículo 533 de la mencionada ley ya establecía cárcel de hasta siete años y multa de hasta 500 veces el salario mínimo. La reforma consiste en que se introdujo el concepto de “fines de lucro”, se sustituye el salario mínimo por la unidad de medida y actualización, y se agrega la obstrucción parcial o total de los medios de transporte.
Por supuesto que los líderes de los grupos y organizaciones que realizan estas acciones se han “parado de pestañas”, argumentando que la mencionada reforma atenta contra el derecho a la libre manifestación de las ideas. Esto es comprensible porque los bloqueos de carreteras y tomas de casetas se han convertido en un jugoso negocio para quienes los realizan.
Según estimaciones de las autoridades federales, las cuotas “voluntarias” que los integrantes de los grupos y organizaciones imponen a los conductores de vehículos les reditúan ganancias ilícitas de hasta siete mil pesos por hora, es decir, entre 56 y 63 mil pesos diarios.
El meollo del asunto es si las autoridades encargadas de hacer cumplir esta ley realmente lo harán, porque hasta hoy los integrantes de los cuerpos de seguridad han sido simples espectadores de estos hechos ilícitos, y se han limitado a tomar nota para informar a sus superiores, porque tienen órdenes de no intervenir.
Habrá que ver si estas reformas reflejan la voluntad de las autoridades de poner un alto a los cotidianos atropellos contra los ciudadanos, o si tiene como únicos destinatarios a los indígenas del sureste del país que se oponen a la construcción del Tren Maya.
Esperamos sinceramente que, ¡ahora sí!, se empiece a aplicar la Ley de Vías Generales de Comunicación y se apliquen las sanciones establecidas en la misma.
Es tiempo de poner un “¡Hasta aquí!” a los bloqueos de carreteras y tomas de casetas. Los ciudadanos de Oaxaca merecemos vivir en paz y ejercer nuestro derecho de transitar libremente por las calles y carreteras de la entidad.
¡Basta ya del secuestro de carreteras y casetas de peaje!