02 de octubre. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, es una de las frase más celebre del ex presidente mexicano Benito Juárez.
Esta expresión debería aplicar a todos los ámbitos de la vida social, pero desafortunadamente no se ha entendido o no se ha querido entender en su justa dimensión.
En los últimos días se registraron dos hechos en los que se confrontaron dos derechos: el de la libre manifestación de las ideas y el de libre tránsitoy el respeto a los derechos de terceros.
En esta ciudad, integrantes del Sindicato Joven CATEM, liderados por María Montes González, bloquearon varias calles del centro de la ciudad por un conflicto interno entre transportistas, afectando a miles de ciudadanos ajenos al mismo.
Ante esto, el dirigente estatal de esa organización, Pastor Domingo Silva, anunciara que Montes González sería suspendida por tiempo indefinido, por romper el compromiso con las autoridades, en el sentido de no realizar bloqueos. En respuesta, la lideresa dio a conocer su renuncia al Sindicato Joven CATEM.
En la contraparte, hace unos días en la Ciudad de México los cuerpos de seguridad impidieron el paso a integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAA), quienes marchaban de manera pacífica hacia el zócalo, donde pretendían acampar.
Los manifestantes tuvieron que interponer un amparo para que, varios días después, las autoridades les permitieran el paso, aunque hasta la fecha sólo han podido ocupar la mitad de la plancha del zócalo, pues se les sigue impidiendo llegar a Palacio Nacional.
Llama la atención el hecho de que las autoridades que coartaron el derecho de los integrantes del FRENAA a manifestarse libremente son las mismas que una y otra vez se han hecho de la vista gorda ante los destrozos, saqueos y actos vandálicos de grupos que, escudándose en el derecho a la libre manifestación de las ideas, atentan contra el orden, la paz, e incluso contra el patrimonio público y privado.
El gobierno que utilizó a los granaderos de la Ciudad de México, que supuestamente ya no existen, es el mismo que en junio de este año ordenó a los cuerpos policiales no hacer acto de presencia durante las protestas de grupos feministas, permitiéndoles actuar a sus anchas, vandalizar edificios, destruir el equipamiento urbano e incluso saquear comercios.
En diversas ocasiones nos hemos pronunciado porque las autoridades asuman su responsabilidad y actúen para terminar con los bloqueos de carreteras y vialidades, la toma de edificios públicos, el robo de mercancías y los actos vandálicos cometidos al amparo de manifestaciones y actos de protesta; hoy lo hacemos también para que las autoridades respeten el legítimo derecho a la libre manifestación de las ideas, sin importar quién o quienes lo ejerzan, siempre y cuando lo hagan dentro del marco de la ley.
La constitución de nuestro país es muy clara: a ningún ciudadano o grupo de ciudadanos se le puede coartar el derecho a manifestarse libremente, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica y sin afectar los derechos de terceros.
Las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, sin más limitaciones que las que encierra la norma juarista: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.