21 de febrero. Los ataques perpetrados contra mujeres en México se han incrementado de manera alarmante, sobre todo en el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero no solo ha aumentado el número de crímenes y agresiones contra las mujeres, sino también la saña y la crueldad que se emplean, sin importar que se trate de jóvenes, ancianas o niñas, incluso recién nacidas.
Y aunque el presidente se empeñe en decir que “tiene otros datos” y la ex dirigente nacional de su partido, Morena, Yeidckol Polevnsky, en asegurar que “es falso el incremento de feminicidios en el país”, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, los contradicen:
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, en el año 2015 se registraron en el país 411 feminicidios; en 2016 la cifra subió a 602; en 2017 ascendió a 741; en 2018 totalizaron 891; y en 2019, primer año de gobierno de López Obrador, se dispararon hasta 976.
Por su parte, el sitio femenicidios.mx, creado por María Salguero en 2016 y reconocido por la ONU y el Woman Economic Forum, tan solo en los primeros 49 días de este año ya se habían registrado 133 feminicidios.
La ola de feminicidios se inscribe en el clima de extrema violencia que se vive nuestro país, y que en el año 2019 arrojó un saldo de 34 mil 582 homicidios, la cifra más alta desde que existe el actual sistema de estadísticas.
El elevado número de crímenes, y particularmente de feminicidios en nuestro país es reflejo del fracaso de los tres órdenes de Gobierno en materia de seguridad, y de la estrategia de “abrazos, no balazos”, del presidente López Obrador. Y en esta vorágine de violencia, el Estado mexicano ha fallado en su obligación de proteger a los seres más desprotegidos, como las mujeres y los niños.
Los casos son de ataques contra mujeres son incontables, pero entre los más recientes destacan los de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y desollada por su pareja; el atroz crimen perpetrado apenas hace unos días, cuando se encontró el cuerpo sin vida, desnudo y ultrajado de Fátima, una niña de solo siete años de edad, quien había desaparecido días antes al salir de una escuela en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México; y el de Abril Pérez Sagaón, asesinada a balazos en noviembre de 2019 camino al aeropuerto de la Ciudad de México, pero que previamente fue víctima de violencia extrema por su exmarido.
No podemos dejar de lado la agresión que sufrió la saxofonista mixteca María Elena, el 9 de septiembre de 2019 cuando le fue arrojado acido en la cara y el cuerpo.
La lista de mujeres agredidas, amenazadas, torturas, vejadas y asesinadas es interminable, y en contraparte, las acciones adoptadas por las instancias de gobierno para protegerlas son mínimas, por no decir nulas, y la aplicación de la ley a quienes cometen estos hechos incalificables ha sido inexistente, en muchos de los casos, lo que ha provocado que sigan multiplicándose.
No son pocos los casos en los que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia han puesto oídos sordos y han sido omisas en el cumplimiento de su responsabilidad, y solo han actuado cuando la presión social y mediática llega a tal grado que se ven obligados a actuar.
No menos grave ha sido la respuesta del presidente López Obrador ante los reclamos por la creciente e imparable violencia contra las mujeres: no solo no ha mostrado la menor empatía hacía las víctimas, sino que incluso ha atribuido los reclamos sociales a sus adversarios políticos, y ha eludido su responsabilidad, atribuyendo los feminicidios al “sistema neoliberal”.
Por si fuera poco, funcionarias de primer nivel y legisladoras de Morena, entre ellas la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien es la responsable de la política interior del país, se han colgado de la convocatoria a participar en la protesta denominada “Un día sin mujeres”, pretendiendo ignorar que dicha protesta es, en gran parte, contra el gobierno morenista, que ha sido incapaz de dar respuestas a esta problemática social.
Incluso, la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müeller, se sumó a la convocatoria a esta protesta aunque horas después se retractó y convocó a rechazarla.
¿Cuántas más Ingrid, Abril, María Elena, y Fátimas tendrán que seguir siendo agredidas, violentadas y asesinadas, para que los gobiernos admitan que la violencia contra las mujeres ha adquirido niveles alarmantes, y para que asuman su responsabilidad? ¿Cuántas víctimas más tendrán que haber para que entiendan que el tema de los feminicidios es más importante que la fallida rifa del avión que no se va a rifar? ¿Qué tendrá que pasar para que el presidente López Obrador deje de preocuparse más por los criminales y por el respeto a sus derechos humanos que por los derechos de las víctimas?
Hoy es tiempo de los tres niveles de gobierno pongan orden y asuman su responsabilidad, dejando de escudarse en el pasado y en mil justificaciones.
Pero también es importante que las manifestaciones de los grupos feministas adopten otras formas, lejos de la violencia, para no deslegitimar su lucha y no dar argumentos para descalificarla.
La pregunta sigue siendo: Y la protección a las mujeres… ¿Cuándo?